"La Inteligencia Artificial puede mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, reducir o eliminar las tareas más repetitivas y facilitar la creatividad y la productividad. Sin embargo, conlleva graves amenazas para los derechos laborales, y para las libertades de la ciudadanía, que deben controlarse mediante leyes y normas que ya están desarrollando las autoridades europeas, y que urge adaptarlas en España, en los ámbitos estatal, autonómico y local, porque la implantación de la IA es acelerada e imparable".

Así se ha pronunciado, en el Grupo de Trabajo sobre IA del Parlamento Andaluz, el experto en Digitalización de UGT, Benito sánchez, quien ha comparecido, junto a la secretaria de Industria, Transición Justa y Medio Ambiente, de UGT Andalucía, Clara de la Colina, en este grupo creado en el marco de la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, de la Cámara andaluza.

Asegura Benito Sánchez que: "la inteligencia artificial, es una herramienta que está hoy día a la vanguardia de la innovación y del progreso, pero que también plantea desafíos significativos. No es solo una herramienta de cambio tecnológico; es un catalizador que está transformando todas las industrias, economías, medios productivos y, como consecuencia, la naturaleza misma de la sociedad. La digitalización ha permitido que la IA se integre en el día a día de los ciudadanos, planteando tanto oportunidades como desafíos únicos".

"La automatización podría llevar a la disminución de ciertos tipos de           empleos y a la pérdida de esa fuerza laboral si no se hace con la previsión y pro actividad adecuadas. Asimismo, la falta de regulación podría resultar en injusticias para los derechos laborales, así como para los derechos fundamentales de los ciudadanos."

El experto en digitalización de UGT propone que: "En relación con el empleo y Regulación Legal de la IA, para UGT es esencial que las administraciones, sindicatos, empresarios y demás agentes  sociales trabajemos de forma conjunta para incorporar cuanto antes el marco legal que regule adecuadamente estos sistemas y proteja a trabajadores, empresas y ciudadanos en general de posibles situaciones injustas causadas por sistemas de IA no responsables."

"Para ello, se han venido desarrollando en los últimos años loables esfuerzos regulatorios, con una vocación más o menos normativa en cada caso, a nivel autonómico, nacional y Europeo, y que han ido arrojando luz sobre este camino, para concluir en la reciente aprobación del Reglamento Europeo de IA (también llamado "Artificial Intelligence Act") aprobada por el parlamento en Marzo de 2024, y que entrará en vigor en 2025 siendo de obligado cumplimiento para empresas e instituciones que operen en Europa, con una moratoria que va de 6 meses a 2 años en función de la clasificación de criticidad de los sistemas."

"Esta ley es pionera en el mundo en su clase, en cuanto a que sitúa a las personas en el centro de la regulación responsable de la Inteligencia Artificial y su objetivo primordial es es regular los usos de la IA para limitar los riesgos que de ellos se derivan, estableciendo una jerarquía de riesgos en función del uso y una serie de obligaciones y requisitos sobre las categorías detectadas, que podrán ser clasificadas como de Riesgo Inaceptable, Alto Riesgo y Bajo Riesgo o Riesgo Inexistente."

"Este Reglamento no solo establece un precedente dentro de Europa, sino que también se perfila como un modelo influyente a nivel global que podría guiar a otros países en la formulación de sus propias políticas de IA, equilibrando innovación y regulación ética."

El Gobierno de España, en un paso significativo hacia la aplicación efectiva de la inteligencia artificial, ha publicado el Real Decreto 817/2023, marcando un hito en la adaptación de soluciones tecnológicas de alto riesgo a los estándares europeos. Donde establece un entorno controlado de pruebas, conocido como el "Sandbox", en donde las empresas puedan poner en práctica cómo cumplir los requisitos de cumplimiento, de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, así como las buenas prácticas que se definirán dentro de ese marco.

Por todo ello, señala Benito Sánchez: "La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores valora de forma muy positiva la nueva Ley aprobada en el seno de la Unión, que obliga a las empresas e instituciones a adaptarse, en el margen de dos años desde la entrada en vigor de este reglamento. Transcurrido este tiempo, la Inteligencia Artificial aplicada al mundo del trabajo tendrá el mismo tratamiento que otras leyes de obligado cumplimiento viéndose por tanto bajo el control sindical que exigirá su aplicación.

Por ello, UGT propone en este tiempo a las empresas el negociar colectivamente durante estos dos años la manera de introducir y desarrollar la IA mediante la negociación colectiva, cumpliendo con el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que dedica un capítulo a esta materia y que, sin duda, resulta un perfecto vehículo para conformar una IA sin discriminaciones, donde sus beneficios productivos se repartan justamente entre las personas trabajadoras y las empresas.

 

Accede al video de la comparecencia en el Parlamento Andalucía (intervención a partir del minuto 7)