UGT exige derogar el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley Mordaza para fortalecer la Democracia

UGT exige derogar el artículo 315.3 del Código Penal y la Ley Mordaza para fortalecer la Democracia

UGT con motivo del Día Internacional de la Democracia recuerda que nuestra democracia estará coja mientras no se recuperen derechos y libertades fundamentales, cercenados por distintas normas. En este sentido, insta al Gobierno a derogar, cuanto antes, el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga y la Ley Mordaza, que trata de acallar la protesta social.

15/09/2020 |

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UGT considera que es necesario seguir avanzando en el sistema democrático y de convivencia, pero para ello primero hay que recuperar derechos y libertades. En este sentido, aboga por derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga y la Ley Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, aprobada de manera unilateral por el Partido Popular en junio de 2015 y que trata de acallar la protesta social. 

Precisamente, en el quinto aniversario de esta Ley, que se ha cumplido este año, el sindicato que siempre ha denunciado este atropello a las libertades, se ha sumado a la campaña UGT #BastaDeMordazas impulsado por más de doscientas organizaciones de la sociedad civil, que suscribieron un manifiesto solicitando la derogación urgente de esta norma autoritaria que pretende convertir el conflicto social o laboral en un continuo conflicto de orden público.

La salud democrática exige acabar con las restricciones al ejercicio de estos dos derechos fundamentales, como también avanzar en la reparación a las víctimas del franquismo.

Cerrar heridas

Por otra parte, UGT considera que la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada hoy en Consejo de Ministros es un paso más en la superación de las heridas que se arrastran desde la dictadura, al permitir reparar y reconocer a las víctimas del franquismo y promueve la convivencia democrática, al acabar con cualquier exaltación de la dictadura.

Esta norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, en defensa del derecho a la verdad y la justicia, permitirá ilegalizar fundaciones que defienden la dictadura franquista y reforzará la cobertura legal para la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de fosas.