UGT Andalucía exige que la Ley Estatal de Memoria Democrática "no se quede en un cajón"
La evolución en la tramitación de la Ley de memoria democrática ha quedado aparcada y parece que tendrá que esperar, debido a que el Gobierno Central no tiene asegurada aún su aprobación por la falta de apoyos de los otros partidos políticos parlamentarios. Desde UGT Andalucía, y tal como venimos reivindicando constantemente, es necesaria la puesta en acción de todas las herramientas posibles, para poder reivindicar la verdad de lo que ocurrió en esos oscuros años, la exhumación y la dignificación de las víctimas de la represión franquista y la reparación a sus descendientes por los daños sufridos y es por ello, que exigimos que la Ley Estatal de Memoria Democrática no se quede en un cajón y pueda ver la luz lo más pronto posible.
A la altura del año que estamos, las prioridades para el Gobierno de coalición, parece ser que no es esta Ley, sino que son la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales, la aprobación de la reforma en el sistema de pensiones y la reforma laboral, que está en plena negociación en el diálogo social.
El motivo principal de esta paralización es la exigencia, sobre todo de ERC, de incluir una reforma que vaya más lejos de lo que el proyecto de Ley de Memoria Democrática recoge actualmente, y que vaya más lejos en cuestiones muy sensibles que pueden afectar a la Ley de Amnistía de octubre de 1977.
Por tanto, por ahora se retrasa la negociación de esta Ley, que muchas personas afectadas por el régimen franquista están esperando desde hace tiempo, aparcándose momentáneamente cuestiones como, la anulación de los juicios políticos del régimen franquista, la intensificación en la búsqueda de las personas desaparecidas en esta época, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, o la eliminación de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura.
Es por esto, que desde UGT Andalucía exigimos un acercamiento de los diferentes partidos parlamentarios, para que puedan alcanzar un punto de equilibrio entre las distintas posturas al respecto, ya que con esta dilatación en el tiempo, los principales perjudicados son aquellas personas y familias que sufrieron encarecidamente las consecuencias de la guerra civil y de los cuarenta años de dictadura franquista.
Ya es hora que esta Ley pueda ver la luz definitivamente porque tal y como se recoge en los preceptos de la misma, con ella se tiene el objetivo de realizar un reconocimiento como víctimas de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil española y la Dictadura, y además ofrecer la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria a través de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales.
En definitiva, se trata de realizar un reconocimiento de un derecho de la ciudadanía, y por supuesto, sin buscar ningún tipo de revanchas, sino de conseguir una ley de recuerdo y homenaje que intenta dignificar la memoria de las víctimas de la Guerra civil y las personas represaliadas por la dictadura franquista.