Organizaciones sindicales y sociales solicitan a la Junta una mesa de diálogo para negociar las modificaciones de la Renta Mínima

Organizaciones sindicales y sociales solicitan a la Junta una mesa de diálogo para negociar las modificaciones de la Renta Mínima

UGT Andalucía, junto con CCOO-A y la Mesa del Tercer Sector (que aglutina a numerosas ONGs) como miembros de la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA), solicitan a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una mesa de diálogo con objeto de analizar y realizar un documento de propuesta sobre la coexistencia del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía y la compatibilidad y/o complementariedad de las mismas.

24/06/2020 |

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Este miércoles ha tenido lugar una reunión de dicha Comisión con el objeto  de que las organizaciones miembros realicen aportaciones in situ para poder  modificar el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción social en Andalucía, tras la puesta en marcha de Ingreso Mínimo Vital.

El  1 de junio de 2020, el Gobierno Central aprobó el Ingreso Mínimo Vital como una nueva prestación económica no contributiva dentro del Sistema de Seguridad Social con carácter de derecho subjetivo, que tiene por objeto prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas o unidades de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Por otro lado, desde enero de 2018, en nuestra Comunidad se puso en marcha la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía  que se considera  como un derecho subjetivo,  recogido  en nuestro Estatuto de Autonomía  y en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales,  orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social.

No obstante, a lo largo de todo el tiempo transcurrido desde su aprobación hasta la actualidad, su gestión y tramitación no ha sido lo suficientemente efectiva, ocasionando retrasos, largas listas de espera y colapso en los servicios sociales comunitarios, provocando una insuficiente cobertura a un gran número de familias en situación de vulnerabilidad.

Ante esta situación de convivencia de estos dos derechos  subjetivos, y la consecuente modificación de la normativa que regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, consideramos necesario que se  realice un análisis en profundidad por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que sirva para elaborar  un documento de partida y se establezca en el marco de la Comisión antes señalada, una mesa de diálogo.

Finalmente, exigimos que se puedan realizar aportaciones a dicho documento para poder establecer los posibles cambios en la normativa de aplicación que permita  un modelo sostenible y que resuelva las necesidades de las personas que viven en Andalucía,  sin los  ingresos básicos necesarios para vivir y  no dejar a ninguna familia sin cobertura.