En la negociación del convenio del sector de seguridad privada se dirimen dos modelos radicalmente distintos: aquel que entiende que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo de profesionales que integran el sector; o aquel otro que ve en los posibles recortes de derechos a este mismo colectivo –los trabajadores y las trabajadoras– una oportunidad para mantener un modelo empresarial que arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo, y todo ello a pesar de una evidencia contrastada: que este último modelo arruina, también, a las propias empresas de seguridad.

Los clientes de las empresas de seguridad privada, por su parte, no ocultan cierta satisfacción al comprobar que patronales y empresas, paralizadas por el miedo y sin perspectivas ni proyecto de futuro, no encuentran el modo de poner en valor el coste del servicio que los profesionales de la seguridad aportamos a esos clientes. En realidad, es un exiguo beneficio basado, exclusivamente, en un criterio economicista que tiene su reverso: el deterioro progresivo de la calidad en los servicios de seguridad prestados; un deterioro que es directamente proporcional a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la seguridad.

Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras del sector deben reaccionar, deben responder con contundencia. Por ello, el próximo día 28 de junio, se han convocado distintas movilizaciones y concentraciones en todo el territorio nacional, a las que están llamadas todas las centrales sindicales, plataformas y agentes del sector.