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Es necesario reducir el precio de las viviendas protegidas y asegurar el esfuerzo económico máximo reconocido en la Ley del Derecho a la Vivienda

11/04/2012 |

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Son momentos difíciles para la clase trabajadora andaluza. Como era de esperar, la derecha está intentando que seamos los trabajadores los que tengamos que soportar los costes de una crisis generada y mantenida en el tiempo por los representantes del capital.

Los poderosos no se conforman con llevarse por delante nuestros puestos de trabajo mientras que mantienen al alza sus márgenes de beneficio, ahora también quieren terminar con algunos de los más elementales derechos básicos sobre los que se sustenta nuestro Estado del Bienestar.

Si las políticas neoliberales de recortes no tienen ningún problema en atacar a la línea de flotación de algunos de los derechos, sociales y laborales, más consolidados, ni que decir tiene como va a ser de radical la práctica eliminación de otro derecho social que, no por tener menos tradición en nuestro ordenamiento jurídico, es por ello menos importante para la calidad de vida de los trabajadores. Nos estamos refiriendo al derecho a una vivienda digna.

Son muchos los años que UGT Andalucía lleva ya dedicando parte de su acción sindical a lograr poner en marcha actuaciones resuelvan uno de los problemas que, en mayor medida, preocupa a la clase trabajadora en Andalucía, el poder acceder a una vivienda.

Fruto de esta labor hemos participado activamente en el diseño y elaboración de todo un esqueleto normativo que compartían dos objetivos fundamentales para nuestro Sindicato: satisfacer las necesidades sociales de vivienda de los trabajadores andaluces y, por otro lado, colaborar con la reactivación económica y con la creación de empleo en el sector.

Sin embargo, a pesar de los continuos esfuerzos llevado a cabo por el conjunto de los agentes sociales, lo cierto es que la patronal y las entidades financieras no han dejado de poner "piedras en el camino" y ya sea por lo disparatado de los precios de las viviendas, por la ausencia de suelo o por la recientes nuevas dificultades para acceder a un préstamo hipotecario, no dejan de dificultar el acceso de los trabajadores a una vivienda.

Tampoco va a ayudar a la solución de este problema la política de recortes presupuestarios en vivienda del Gobierno del Estado. La eliminación de la Ayuda Directa a la Entrada o el recorte de subvenciones para la construcción de viviendas protegidas son un claro exponente de ello.

Igualmente, sería un tremendo error pasar por alto la trascendencia del momento actual en el que estamos, el presente año es el último de vigencia del actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo (2008-2012) y del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (2009-2012).

Por lo tanto, es ya la hora de llevar a cabo un concienzudo balance de los principales instrumentos puestos en marcha para, a partir del análisis de las desviaciones que se hayan producido sobre los objetivos establecidos, poder hacer frente al diseño de las nuevas actuaciones que vengan a especificar el futuro inmediato de la política regional de vivienda protegida en Andalucía.

Pero tan importante es el balance como la elaboración de un conjunto de propuestas sindicales que deben pasar a tomar un papel relevante en la nueva instrumentalización de esta política regional de vivienda protegida.

Ambas actuaciones son las que van a suponer el cuerpo básico de este nuevo Informe elaborado por la Secretaría de Análisis Económico de la UGT Andalucía, en primer lugar un balance de las principales actuaciones llevadas a cabo hasta ahora para, posteriormente, exponer nuestras principales propuestas para la elaboración de los nuevos instrumentos de planeamiento en materia de política de vivienda protegida en Andalucía.