Las medidas de salvaguarda del empleo empiezan a dar sus frutos

Las medidas de salvaguarda del empleo empiezan a dar sus frutos

El paro se reduce en 9.210 personas (-0,94%) y se sitúa en 969.087 desempleados. A pesar de ello, se sitúa muy por encima del registrado hace un año, 207.974 trabajadores más (27,32%), más de dos puntos superior al aumento registrado en el Estado (25,27%). Los datos ponen de manifiesto que la prioridad absoluta de la política socioeconómica debe ser la salvaguarda de los puestos de trabajo.

02/06/2020 |

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Continuamos otro mes como líderes destacados del paro estatal: el 25,12% de los parados son andaluces, porcentaje que se reduce cuatro décimas con respecto al del mes anterior (25,53%).

El 8,87% de los desempleados andaluces son menores de 25 años, proporción que se incrementa una décima con respecto a la del mes pasado (8,77%). El desempleo juvenil era ya, antes incluso de la aparición del coronavirus, un mal endémico de nuestro mercado laboral. Hay que poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para  evitar que nuestros jóvenes vean agravada su situación.

Las trabajadoras andaluzas en paro ven aumentado, en 1,2 décimas, su peso relativo (57,33%), entre el conjunto de desempleados respecto al mes anterior (56,14%). Las cifras parecen empezar a confirmar lo que ya temíamos, esta crisis también va a tener repercusiones negativas en términos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El paro entre los trabajadores extranjeros se ha elevado un 2,05%. A su vez, en términos interanuales se ha producido un aumento del 34,63%, algo inferior al del Estado (35,78%).

El sector servicios continúa recogiendo a más del  67% de nuestros parados (67,66%). Durante este mes, el paro se ha visto incrementado en la agricultura y entre el colectivo de trabajadores sin empleo anterior, descendiendo en la industria, la construcción y los servicios. Por provincias, el desempleo ha decrecido en todas menos en Almería (3,93%), aunque de manera casi inapreciable en Huelva (13 trabajadores menos en paro).

En mayo se realizaron 40.211 contratos más que en el mes anterior, lo que supone un importante incremento del 22,49%. A pesar de ello, la contratación temporal sigue acaparando casi la totalidad de los contratos registrados: el 95,79% de los contratos fueron temporales.

La tramitación de las prestaciones de los trabajadores afectados por los ERTEs, que recordemos no computan como paro registrado, ha incrementado en 400.000 personas los parados que perciben una prestación contributiva. El coronavirus ha dado visibilidad a la importancia de contar con políticas públicas de calidad y dotadas de presupuesto suficiente. Las prestaciones por desempleo son un apartado fundamental en materia de protección social y precisan de una ambiciosa reforma que dote de dignidad la situación por la que atraviesan miles de desempleados andaluces.

Por último, el quinto de los meses del año ha servido para que se eleve un 1,03%,  la afiliación a la Seguridad Social. La tasa interanual (-6,08%) vuelve a situarse por debajo de la estatal (-4,56%), lo que pone de manifiesto la necesidad de continuar poniendo en marcha medidas que erradiquen la precariedad de nuestro mercado laboral.

Por todo ello, desde UGT Andalucía, analizados los datos de mayo, debemos resaltar lo esperanzador de los mismos ya que solo tres CCAA han visto reducido su paro registrado en porcentajes superiores a los de Andalucía: Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja en un mes en el que el paro ha crecido  en un total de 10 CCAA. A pesar de ello, no hay que lanzar las campanas al vuelo sino continuar trabajando en la defensa de los puestos de trabajo amenazados por la crisis en la que nos hemos visto inmersos de manera inesperada.

El FMI prevé retrocesos del PIB para el conjunto del Estado de en torno al 8% en 2020, como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. Ante este posible escenario, es fundamental reflexionar sobre los errores cometidos en la gestión de la anterior crisis económica con el objetivo de evitar volver a cometerlos y que no se repita la insolidaria y precaria recuperación económica que veníamos registrando desde el pasado 2014.

Para ello, es preciso un mayor compromiso de nuestras empresas en términos de asunción de costes, sobre todo los grandes grupos y corporaciones empresariales. Los costos del parón de la economía no pueden volver a recaer sobre la clase trabajadora. Por ello, junto a las medidas de inyección de liquidez, ayudas a las empresas y extensión de los ERTEs, es preciso avanzar en términos de reducción de los márgenes de beneficio empresarial y en la limitación de los dividendos repartidos, propiciando que dichos capitales vayan dirigidos a evitar la destrucción de empleo y el hundimiento estructural de los salarios en el conjunto del PIB.

Las medidas de recuperación económica y de protección social requerirán de un importante montante presupuestario por lo que, además de los fondos que terminemos recibiendo por parte de las instituciones europeas, es necesario reformar nuestro sistema fiscal de manera que la carga impositiva quede repartida de forma mucho más progresiva y estableciendo nuevas figuras tributarias que, además de gravar las grandes fortunas, pongan también su objetivo en la economía especulativa que no genera ni riqueza real ni empleo.