UGT-A valora el Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario andaluz
"Compartimos la oportunidad de la norma que valoramos hoy en su conjunto", ha afirmado Soledad Ruíz, Secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, durante su comparecencia este lunes en el Parlamento. "Una Ley que tiene por objeto garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad efectiva en el acceso a sus prestaciones, para permitir el acceso a cualquier persona a la atención sanitaria pública en nuestra Comunidad autónoma". Un aspecto, este último, que ha generado controversia desde la aprobación por parte del gobierno central de una ley que vincula la garantía de asistencia sanitaria a la condición de asegurado o beneficiario.
"Para nuestro sindicato esta cuestión no es admisible", ha asegurado Soledad Ruíz en referencia a la ley aprobada por el Gobierno de la nación en 2012 cuya retirada y derogación exige UGT. "A nuestro entender se erró al restringir el derecho a la atención sanitaria, vulnerando el artículo 86.1 y el 43 de la Constitución, al privar del derecho a la protección a la salud a los extranjeros sin permiso de residencia, y otros colectivos que quedaron sin cobertura, es por ello por lo que compartimos la garantía de universalidad del derecho en los términos que recoge el presente proyecto de ley, en su artículo 8".
"Por otro lado, no podemos obviar que durante estos últimos años y debido fundamentalmente a la fuerte crisis que ha golpeado con mayor dureza a comunidades autónomas como la nuestra, con menores recursos y unas elevadísimas tasas de paro, nuestro Sistema Sanitario Público se ha resentido y ha padecido recortes en su financiación que ha afectado al cierre de camas, al aumento de las listas de espera, a la disminución de las retribuciones de los profesionales, a la destrucción de un empleo público sin tasas de reposición y a descenso del I+D+I. Todo ello, ha afectado negativamente a su calidad", ha explicado la líder sindical.
"Estamos, por tanto, ante un texto que aun cuando se propone garantizar y reforzar los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia en cumplimiento de lo recogido en el artículo 22 de nuestro Estatuto de Autonomía y en lo recogido en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, deja sin concreción muchas cuestiones de calado e intenta justificar muchos de los cambios que se han realizado en la gestión en estos últimos años, y que tanto daño han hecho a nuestro Sistema Sanitario Público".