Doscientos veintiún trabajadores de los astilleros de Huelva se quedaron en la calle en 2010 tras casi toda una vida en la factoría.

La empresa comenzó a flaquear en el año 2008 y en septiembre de 2009 presentó el primer Expediente de Regulación de empleo temporal de tres meses. No fue suficiente para remontar la situación y en 2010 echó el cierre con casi un año de impago de nóminas a los trabajadores y con todo tipo de deudas. "Nosotros queríamos seguir trabajando", asegura Isidro García, calderero. "Teníamos una construcción casi a la mitad pero al final la empresa debía tal cantidad de dinero que los bancos le habían retirado la financiación.

Unas negociaciones a cuatro bandas, entre sindicatos, Junta de Andalucía, Ministerio de Industria y la Asociación de Pequeños y Medianos Astilleros, dieron como fruto un ERE con ayudas Sociolaborales con el que dar soluciones a los trabajadores. Dinero público para solventar una situación a la que el empresario no daba salida.

147 de los empleados, mayores de 52 años, fueron prejubilados. El resto entró en una bolsa de posibles recolocaciones. "A mí me pilló con 56 años y 37 de trabajo en los astilleros. ¿Dónde iba?", se pregunta José Macías, soldador. "Antes, trabajando, estaba mejor pero esto es lo que hay, encima tengo que dar gracias. Lo que me asusta es que, con todo el mundo hablando de los EREs, ya no sabes qué puede pasar con nosotros. Y el ERE fue lo mejor que pasó aquí porque si no fuera por ello estaríamos en la calle sin cobrar un duro".

José y sus 146 compañeros prejubilados cobran hoy, y hasta su jubilación definitiva, el 75% del sueldo.  "Nosotros no hemos recibido ninguna indemnización", matiza Antonio Gallego, jefe de soldadores. "Ese dinero de la indemnización por 40 años de trabajo es lo que cobramos mensualmente. A mí nadie me regala nada".

Precisamente, y tras la petición del PP andaluz a la jueza Alaya de que investigue las ayudas a Astilleros de Huelva por posibles ilegalidades, los trabajadores aseguran que el propio PP era el que, entonces, les azuzaba para que protestaran ante la Junta de Andalucía y exigieran soluciones a su problema. "Nos da rabia que estemos en medio cuando lo que queremos es trabajar y esto es solo una pelea política", cuenta Cristobal Páez, delineante. "Hace tres años, el PP nos llamaba y nos decía que qué hacía la Junta, que por qué no nos ayudaba y ahora… ponen en cuestión las ayudas".