UGT Andalucía presenta la campaña informativa

UGT Andalucía presenta la campaña informativa "Pensionista ¡Infórmate!. Es de justicia, es tu derecho"

El Sindicato ha comenzado una campaña de información y reclamación para restituir un derecho, que afecta a pensionistas que en su día trabajaron a tiempo parcial, y que han visto reducida su pensión como consecuencia de que les aplicaron un coeficiente reductor (coeficiente de parcialidad) a la hora de calcular la cuantía de su prestación. Un coeficiente declarado nulo por la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de julio de 2019.

05/11/2019 |

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Sin embargo, esta sentencia se queda corta y limita su aplicación solo a las nuevas pensiones, y desde el 12 de agosto de 2019 (fecha de publicación de la sentencia), negando el carácter retroactivo de este derecho, en contra de lo que dicta el Tribunal de Justicia de la UE, en una sentencia anterior.

Los pensionistas afectados por el coeficiente de parcialidad, declarado nulo por el Tribunal Constitucional, podrán reclamar, con carácter retroactivo, que se les devuelva el dinero que han dejado de cobrar y que se recalcule su pensión sin este coeficiente para toda la vida del pensionista porque la Seguridad Social no lo va a hacer de oficio.

 Desde UGT Andalucía valoramos de gran relevancia esta sentencia, ya que como nuestro sindicato denunció, este coeficiente corrector que se estableció del 1,5 para evitar el efecto discriminatorio que sufrían las trabajadoras a tiempo parcial a efectos de protección social de la Seguridad Social, no serviría para corregir dicha discriminación en una buena parte de los casos del trabajo a tiempo parcial.

Sin embargo, no compartimos que su alcance sea limitado, ya que no afectará a todas las personas trabajadoras cuyas pensiones resulten del trabajo a tiempo parcial y que accedieron a su pensión después de la Reforma del PP. La sentencia se aplicará solo desde el 12 de agosto de 2019, fecha en la que se publicó la sentencia.

UGT considera y defiende que la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que no se pueden limitar temporalmente los derechos de las personas afectadas por esta discriminación y que esa doctrina prevalece sobre lo que digan los tribunales nacionales, incluido el Tribunal Constitucional de España.

Por lo que solicitamos una reforma en profundidad para mejorar la protección social en nuestro país. Se trata de dar respuesta a estas formas de atipicidad en el empleo – más bien de precariedad laboral, en este caso, parcialidad- y desde un enfoque de género.

El sindicato seguirá denunciando estos problemas hasta conseguir una legislación adecuada. Se trata de dar una solución mínima a un sistema profundamente desigual y, a menudo, discriminatorio.

ANTECENDENTES

Las reformas que se llevaron a cabo a consecuencia de la última gran crisis económica sufrida, dejaron a muchas personas en situaciones muy precarias, entre ellas los jubilados y jubiladas. Las realizadas en materia de pensiones provocaron una caída en el nivel de vida de las personas jubiladas y pensionistas y un recorte en las prestaciones que provocaron un empobrecimiento de la situación económica de las mismas.

No solo se retrasó la edad de jubilación a los 67, el aumento de los años de cotización para poder jubilarse,  o el conocido Factor de sostenibilidad, o el llamado índice de revaloración de las pensiones, que sustituyó al IPC en la subida de las pensiones, reduciendo la cuantía de las mismas año tras año. También hay que añadirle la reforma que UGT ya alertó como discriminatoria y que provocó una mayor diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, es decir, el famoso coeficiente de parcialidad, con el que no solo se reducía la base reguladora en su función de su menor base de cotización, sino  también mediante un porcentaje derivado de dicho coeficiente, que reduce el número efectivo de días cotizados. Esta diferenciación  ha afectado de forma predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos

En este sentido precisamente es donde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se pronuncia, cuando una trabajadora de la Comunidad Autónoma de Castilla y León plantea un recurso impugnando el cálculo de su pensión de jubilación realizado por el Instituto de la Seguridad Social (INSS), alegando que existía una diferencia de trato con respecto a los trabajadores a tiempo completo y dando lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo porque la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.

Posteriormente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 2019, da la razón a una denuncia presentada por un profesor asociado de la universidad de Lérida, que no estaba de acuerdo en el hecho de que tras jubilarse en 2015, el Instituto Nacional de la Seguridad Social redujera a 33 años y 4 meses su periodo cotizado cuando el tiempo real de su cotización fue de 37 años y 10 meses. Además, en vez de tener derecho a una pensión del 100% sobre la base reguladora, la Seguridad Social se lo recortó al 95,06% a aplicarle el mencionado «coeficiente de parcialidad, ya que no resulta justificado que haya una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, aplicándose una reducción adicional a la base reguladora mediante un porcentaje derivado del coeficiente de parcialidad. 

En definitiva es una gran logro que el Tribunal Constitucional haya anulado y declarado inconstitucional el mecanismo mediante el cual, la Seguridad Social realiza el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, al considerar que esta fórmula discrimina a quienes trabajan a media jornada respecto a quienes lo hacen a jornada completa, perjudicando especialmente a las mujeres, ya que son el 73,93% de los  trabajadores/as que tienen este contrato en España (del total de contratación a tiempo parcial realizados en septiembre de 2019, que son 2.789.200 contratos, 2062.100 se han realizado a mujeres y 727.100 se realizaron a hombres).

Lo que la sentencia del TC aplica realmente es la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que UGT considera claramente  insuficiente, ya que no cuestiona la brecha salarial que tanto repercute también en la brecha de las pensiones, solo considera inconstitucional la forma de calcular el periodo cotizado, pero no se pronuncia sobre la base reguladora de las pensiones de jubilación de las personas a tiempo parcial, que provoca también una reducción de la cuantías de estas pensiones.

Sobre los años cotizados concretamente es donde ha incidido el Tribunal Constitucional, ya que hasta hace unos meses por ejemplo, si  una persona cotiza 35 años a tiempo completo, se realiza el cálculo sobre 35 años, pero si cotiza a tiempo parcial, se calcula la pensión con la mitad de años, es decir, 17,5 años y se multiplica posteriormente por 1,5, resultando que para el cálculo de la pensión, esa persona ha cotizado solo 26,25 años y no los 35 que en realidad ha realizado.

Y es que además, a la discriminación de los años cotizados, se le suma que estos trabajadores/as cotizan por unas bases mucho más inferiores que a tiempo completo, y  este hecho provoca  unas pensiones muy inferiores a las personas que han cotizado a tiempo completo.

Por último,  el fallo de la sentencia afectará a quienes se jubilen a partir de ahora y los que tengan reclamaciones abiertas por este motivo ante la Administración o los tribunales, pero no a quienes ya estén cobrando la jubilación.

CAMPAÑA POR PROVINCIAS

Por este motivo, UGT Andalucía está realizando una campaña de información que de la posibilidad de proceder a reclamar a aquellas personas jubiladas que cumplan una serie de requisitos, que trabajaron durante su vida laboral a media jornada, y para que no se limite temporalmente los derechos de dichas personas afectadas por esta discriminación, tal y como establece el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Esta campaña también visualiza otras injusticias y por supuesto, las correspondientes reivindicaciones del sindicato frente a ellas, como son cuantías bajas de las pensiones, limitaciones en el complemento a mínimos, acceso tardío a la jubilación anticipada y a la ordinaria (la mayoría tendrán que hacerlos a los 67 años).

Ante esto, además de esta campaña informativa, desde UGT Andalucía solicitamos una reforma en profundidad para mejorar la protección social en nuestro país. Se trata de dar respuesta a estas formas de atipicidad en el empleo – más bien de precariedad laboral, en este caso, parcialidad- y desde un enfoque de género.

El sindicato seguirá denunciando estos problemas hasta conseguir una legislación adecuada. Se trata de dar una solución mínima a un sistema profundamente desigual y, a menudo, discriminatorio.

El nuevo Gobierno que resulte el próximo 10 de noviembre tiene que asumir esta obligación, impulsando nuevas normas legales consensuadas y en el marco del diálogo social.