Si observamos la comparativa interanual, los datos, aunque positivos, no resultan ventajosos para Andalucía. De esta forma, con respecto a agosto de 2018, el número de sociedades disueltas en Andalucía ha sido un 1,2% menor a la cifra registrada por aquel entonces. Para el conjunto del Estado, el número de empresas obligadas a echar el cierre se ha reducido en un 14,2%.

En lo que a las empresas creadas se refiere durante el mes de agosto, en nuestra región, solo vieron la luz 854 de las 5.366 que lo hicieron en el Estado, lo que supone un 15,91%. En Andalucía, el número de sociedades creadas fue muy inferior a las que se alcanzaron el mes anterior (1.272). En el conjunto del Estado dicha cifra fue también bastante menor a las 7.820 creadas en julio del presente año.

En datos interanuales, en esta ocasión, volvemos a salir mal parados ya que, en Andalucía, el número de empresas creadas el pasado mes de agosto fue un 8,4% menor a las que se registraron en el mismo mes de 2018. Para el conjunto del Estado, el retroceso interanual (-8,6%), en la creación de empresas, fue dos décimas superior al obtenido en Andalucía.

En cuanto al capital medio suscrito por las empresas creadas, la media andaluza (38.172 €), en el octavo de los meses del año, se situó por debajo de la estatal (48.472). De esta forma, nos colocamos más de 10.300 euros por debajo de la media Estatal, aunque es cierto que esta brecha se ha reducido mucho con respecto a la registrada el mes pasado (77.000 €). En esta ocasión, la Comunidad Navarra (212.091 €) y Asturias (103.569 €) destacan como las CCAA con mayor capital medio suscrito en las sociedades mercantiles creadas mientras que, en el lado opuesto encontramos, de manera muy destacada, a Cantabria (7.613 €), junto a Castilla-La Mancha (14.085 €) y Extremadura (14.877 €).

En cuanto a nuestras provincias, Córdoba (146.591 €) y Cádiz (79.419 €) fueron las de mayor capital suscrito y Huelva (6.262 €) y Granada (8.722 €) las que menos. Por último, en el análisis provincial, destaca el hecho de que Málaga (321) y Sevilla (184) vuelven a liderar los proyectos empresariales iniciados con un 59,13% de los mismos. En sentido contrario, Jaén (32), Huelva (42) y Córdoba (44) fueron, nuevamente, las provincias con menor creación de empresas en este mes.

 

En lo que a las empresas disueltas a nivel provincial se refiere, también en este apartado Málaga y Sevilla (37 y 44 respectivamente), se situaron en las dos primeras posiciones mientras que Jaén (5) y Huelva (7) fueron, también en agosto, donde menor número de empresas se disolvieron.

Con los datos de hoy, la cifra de empresas andaluzas que han sido incapaces de continuar haciendo frente a la situación económica, desde que se iniciara la crisis, asciende ya a 40.986 aunque es cierto que, en la parte central del año, la tendencia parece resultar que aminora el ritmo de cierre de sociedades mercantiles de manera considerable.

La situación laboral por la que atraviesa Andalucía, liderando el desempleo del conjunto del Estado e inmersa en unas condiciones laborales con un alarmante nivel de precariedad provoca que, cada vez que una nueva empresa se ve obligada a "echar el cierre" se incremente el dramatismo por el que atraviesan cientos de miles de familias trabajadoras en las que todos sus miembros activos están en paro, que en gran parte de los casos llevan más de dos años buscando empleo sin éxito y que, por tanto, muchos de ellos ya han agotado todas las prestaciones por desempleo.

La política tiene que dar un golpe sobre la mesa, y más ahora que la economía parece estar agotando su periodo de crecimiento. Por este motivo, hay que acabar con la parálisis institucional en la que estamos inmersos, tanto por un Ejecutivo Autonómico que no parece querer coger las riendas de la economía andaluza, como por un Gobierno Central que, con vistas a las nuevas elecciones, parece estar ahora más "en funciones" que nunca.

Hay que implantar ya medidas político-económicas expansivas que sirvan de estímulo a los proyectos empresariales andaluces, pero hay que hacerlo de forma responsable, priorizando el apoyo a aquellas pymes industriales, con una alta capacidad de generación de I+D+i y, lógicamente, creadoras de riqueza real y de empleo estable y de calidad.