En dicho acto se ha solicitado por la defensa de Roberto Macías la aplicación de la nueva directiva europea 2019/1937 de protección de las personas que informen sobre casos de corrupción que vulneren el Derecho de la Unión, aprobada ayer mismo.

Que dicha aplicación ha sido rechazada por el representante del Ministerio Fiscal en base a dos motivos: su no entrada en vigor hasta el próximo 17 de diciembre, siendo a partir de esa fecha cuando España tiene dos años para su transposición a leyes nacionales, y la no consideración de Roberto Macías como denunciante de corrupción, dado que se entiende por el representante del Ministerio Público que no cumple las condiciones que establece dicha directiva: denuncia interna en la organización y/o denuncia a las autoridades, administrativas, policiales o judiciales.

A dichas argumentaciones se ha adherido el representante de UGT-Andalucia.

Desde UGT Andalucía queremos relatar la secuencia de lo ocurrido desde un punto de vista objetivo, sin entrar en ningún tipo de valoraciones, pues será la justicia quien determine la responsabilidad de los hechos. Éste es el relato:

Roberto Alejandro Macías Chaves fue objeto de despido por causas objetivas con fecha 30 de noviembre de 2012 en UGT Andalucía. Según consta en los autos judiciales seguidos ante los Juzgados de Instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, Roberto Alejandro Macías Chaves realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo.

Este hecho puesto en conocimiento del Juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Roberto Macías Chaves acordada, como no podía ser de otra forma, por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal.

Es el informe pericial de la Policía Nacional el que establece que la fecha de creación de los archivos encontrados es muy posterior a la fecha de despido de Roberto Macías Chaves, por lo que esa versión que el interesado va lanzando, en la que dice que se le despidió tras denunciar la corrupción, carece de fundamento alguno. Insistimos, su despido fue muy anterior al registro en su domicilio.

Como resultado de la Instrucción practicada, el propio Juzgado competente ha considerado acreditados indiciariamente unos hechos constitutivos de infracción penal, siendo autor de los mismos Roberto Macías Chaves, formulándose los correspondientes escritos de acusación tanto por parte de UGT Andalucía como por parte del Ministerio Fiscal contra Roberto Macías Chaves.

Asimismo, resaltar que Roberto Macías Chaves en ningún momento ha formulado denuncia alguna ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante los órganos judiciales competentes, más allá de lo que pudiera ser su presunta intervención en la publicación de informaciones de nula veracidad en los medios de comunicación acaecidas desde su despido, cuestión negada por él mismo en su declaración efectuada en fase de instrucción cuando afirmó que no había facilitado a la prensa ni a ninguna otra persona física o jurídica información de los archivos que tomaba de UGT.

Como tampoco ha sido testigo o “alertador” de absolutamente nada que haya originado un ataque contra su persona. Su declaración como testigo ante la Guardia Civil, al igual que la de otros trabajadores y ex trabajadores de este Sindicato, se produce ya con las Diligencias Previas contra su persona incoadas en el Juzgado de Instrucción núm. 11 y en un procedimiento judicial bajo secreto de sumario y en el que UGT-Andalucía no es parte.

UGT Andalucía siempre ha mantenido un escrupuloso respeto a la justicia, por ello nunca ha querido intervenir en las declaraciones que lleva realizando a diversos medios de comunicación en los últimos años, pero la falta de veracidad de sus intervenciones nos obliga a aclarar cuál es la verdad de todo lo que ha pasado.

Reiterar que, el procedimiento judicial instado contra el Sr. Macías se inició con anterioridad a su declaración como testigo, por lo que es irreal afirmar que dicho procedimiento es una represalia por su declaración, como también es irreal calificarse de denunciante de corrupción cuando ninguna denuncia se ha interpuesto contra esta organización ni ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni ante el Ministerio Fiscal, ni ante los Juzgados.