Durante las últimas semanas hemos asistido a un sinfín de declaraciones por parte de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, jactándose de haber sido capaces de instaurar la dación en pago en el seno del ordenamiento jurídico estatal.

Todos ellos han anunciado la importancia que esta medida iba a tener para aquellas familias de trabajadores que, como consecuencia de la actual crisis económica, son incapaces de hacer frente al pago de sus hipotecas y que, por lo tanto, estaban al borde del abismo del desahucio.

El enorme problema con el que se encuentran estas familias es que, además de perder su hogar, tienen que seguir haciendo frente al pago de una importante deuda con los Bancos, en gran parte debido a las enormes irregularidades que se venían cometiendo en el mercado inmobiliario, especialmente por las entidades financieras (hipotecas sobredimensionadas, tasaciones infladas, etc.).

Por el contrario, la dación en pago conllevaría que, con la entrega del bien hipotecado, se cancelara totalmente la deuda garantizada con dicha hipoteca, así como todas las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad financiera.

No obstante, el Real Decreto Ley establece que, para poder solicitar la dación en pago euna familia andaluza ha de cumplir todos estos requisitos:
 
-    que todos sus miembros estén parados.
-    que la cuota de la hipoteca supere al 60% de los ingresos de la unidad familiar.
-    que la hipoteca se realizara para la adquisición de la vivienda
-    que no posean otra vivienda
-    que cumplan con los límites de precios de adquisición establecidos y
-    que la hipoteca se concediera sin avales o, en caso de tener avalista, que la cuota de la hipoteca supero el 60% de sus ingresos y que no tenga otra vivienda, ni tan siquiera en la que reside.

Por ello, las condiciones a cumplir son tremendamente restrictivas pero, a su vez, la inclusión del último condicionamiento provoca que la aplicación de la medida sea prácticamente nula ya que, en primer lugar sólo afectaría a pocas hipotecas concedidas sin avales, es decir, aquellas inicialmente catalogadas como "solventes" y, por ello, con muy reducido riesgo de impago. En segundo lugar, si la hipoteca se hubiera concedido con un aval, como en la práctica resultan la inmensa mayoría de ellas, la norma establece que el avalista tampoco tenga ninguna otra propiedad con la que hacer frente al pago de la deuda, por ejemplo, la propia vivienda habitual del avalista.

Por lo tanto, desde UGT Andalucía estamos convencidos de que la repercusión real de esta medida, entre los trabajadores andaluces, va a ser prácticamente nula y que, de esta forma, no va a aliviar, en nada, la complicada situación que sufren muchas de las familias de trabajadores andaluces que, además de verse afectadas por la crisis económica internacional, están viendo como día a día el Gobierno Central recorta sus derechos sociales y  elimina nuestras conquistas sindicales.