PGE

El ajuste de un 5,5% del PIB en dos años provocará otra recesión económica y más paro

11/05/2012 |

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Ante toda esta enorme problemática, lo cierto es que el futuro próximo de España no está, en ninguno de los casos, despejado. La UE contaba con que la firma del Tratado de Austeridad Fiscal firmado a principios de marzo y el acuerdo de Grecia con sus acreedores iban a  traer la ansiada estabilidad a los mercados. Pero no contaba con el "problema español" y con la pérdida de legitimidad de las políticas de recortes llevadas a cabo, a modo de decretazos, por su Gobierno.

    A pesar de todo, de la incapacidad para reactivar la economía, de que las cifras de desempleo continúen creciendo descontroladamente, de que las líneas de crédito no lleguen a las pequeñas y medianas empresas españolas, de que la inflación supera ya incluso los objetivos que se establecían para épocas de bonanza económica, de que la prima de riesgo parece volver a incrementarse de forma alarmante y, pese a saberse en el punto de mira de los mercados internacionales y de la UE, el Gobierno de Mariano Rajoy parece obstinado en continuar gobernando de espaldas a los trabajadores, centrado, única y exclusivamente, en cumplir con sus metas de déficit público y sin querer ver que, con estas políticas de recortes, no va a lograr generar más que una nueva recesión económica y más paro.

    Desde UGT Andalucía, estamos convencidos de que hay otra forma de salir de la crisis, incluso hay otra forma de cumplir con los objetivos de déficit de la UE sin dejarse avasallar por esta "intervención encubierta". Creemos que, con la política de recortes de los derechos sociales y de eliminación de las conquistas de los trabajadores que ha planteado el Presidente Rajoy, España no va a poder ni tan siquiera cumplir con sus compromisos con Bruselas y, mucho menos aún, lograr reactivar la economía.

    Por el contrario, para cumplir con esos objetivos de déficit lo que tenemos que hacer es empezar a crecer y a generar empleo. Para ello es preciso llevar a cabo una ambiciosa política de defensa de lo público, contando con una Administración fuerte capaz de intervenir en la economía, desarrollando un modelo de crecimiento sostenible, apostando por un Estado del Bienestar sustentado sobre la calidad de los servicios públicos y, como no, defendiendo los derechos sociales y laborales de los trabajadores.