UGT,  junto con CCOO y CSIF,  han anunciado este lunes, 27 de octubre en rueda de prensa, el inicio de las movilizaciones para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que impide un nuevo acuerdo salarial que beneficie a los empleados y empleadas de todas las administraciones públicas, entre otras reivindicaciones pendientes. Se trata de una concentración, este 30 de octubre, a las 12:00h., en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Esta movilización es sólo el inicio de una campaña de protestas que se extenderá hasta final de año, sin descartar la huelga.

Juana López, Secretaria General de UGT Servicios Públicos de Granada, señala que la movilización pretende hacer ver al Ejecutivo que se tiene que sentar en una mesa con los representantes legales de los trabajadores a negociar una mejora retributiva, tras más de nueve meses en los que los sueldos públicos siguen congelados. Si no se escucha a los empleados públicos, afirma la representante de UGT, las protestas irán a más, sin descartar la convocatoria de una huelga nacional en diciembre si las negociaciones siguen, para entonces, enquistadas.

A su juicio, el Gobierno está utilizando como excusa la falta de Presupuestos para congelar el sueldo a las empleadas y los empleados públicos, y bloquear un nuevo acuerdo salarial. Los sindicatos, añade, ya advirtieron el pasado mes de septiembre que si no se retomaba la negociación de forma inmediata se tomarían las medidas que se considerasen oportunas. Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de lo público y los servicios que recibe la ciudadanía, se agravan a diario, denuncia López., por la inacción del Ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto a nivel salarial como en materia de empleo y condiciones laborales.

Por ello, la representante sindical exige que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos, mejorar sus condiciones laborales y establecer un plan de empleo que mejore los servicios públicos,  ya que , o se reacciona ya con un acuerdo, o la Administración va a ir desangrándose poco a poco, y en pocos años se va a quedar sin empleados públicos, con el peligro  de privatizaciones que eso conlleva, ha concluido.