El Gobierno andaluz quiere acabar con los 37 años de historia de excelencia en investigación y divulgación de la salud, de la Escuela andaluza de salud pública (EASP), con sede en Granada. Por vía de urgencia llegó al Parlamento el proyecto de Ley de creación del Instituto de Salud que asume: "los fines, funciones, personal y bienes" de la Escuela, y deja en el aire la sede de la nueva agencia.

Este miércoles, 13 de diciembre, se han debatido las dos enmiendas a la totalidad, presentadas por el grupo socialista y el de Adelante Andalucía, y  que, han sido rechazadas por la mayoría absoluta del grupo popular.

UGT Servicios Públicos, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa, ha defendido siempre un reforzamiento del personal y de los medios de la Escuela Andaluza de Salud Pública, a la que la Consejería de Salud y Familias ha ido, progresivamente, retirando el apoyo, a pesar de la que la Consejera, Catalina García, ha reiterado en sede parlamentaria que la idea del Gobierno andaluz era mantener a la EASP activa y potenciar sus objetivos, tras la eficacia demostrada durante la pandemia de la COVID, y la eficiencia y prestigio, logrado en el desarrollo de programas de investigación nacionales e internacionales, y en la divulgación de estudios, cursos y jornadas, que tienen una gran demanda y atractivo para los profesionales de la sanidad.

La iniciativa, ahora del Gobierno andaluz, ya fue presentada hace cuatro años como proposición de ley del grupo popular. La justificación es la “reordenación de la administración institucional” por lo que, dice la iniciativa: “se hace necesario proceder a la integración de dos entidades instrumentales ya existentes, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y la Escuela Andaluza de Salud Pública”.

El Comité de Empresa de la EASP considera que la Fundación y la Escuela no coinciden en objetivos y funciones y que la entidad que surja planteará muchos problemas de encaje de profesionales, y derechos laborales, algunos inasumibles.