Representantes de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada, de la que UGT forma parte, se han concentrado este martes 24 de febrero en Plaza del Carmen contra los despidos de las seis compañeras del programa de atención a la infancia vulnerable (LOPIVI), cuyos contratos finalizan el 26 de febrero, "sin esperanza de que dichos contratos puedan ser renovados a corto plazo, a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo para que no se produzcan los ceses desde el máximo órgano de representación de la plantilla".

Este programa tiene por objeto reforzar los equipos de atención de infancia y familia en ejecución de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Sus profesionales atienden a la población más vulnerable: niños y adolescentes, y su puesta en marcha requiere la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas, cada una, en el ámbito de sus respectivas competencias (Ministerio de Derechos Sociales, Consejería de Inclusión Social y Ayuntamiento de Granada, a través del Área de Política Social y Familia).

Según explican desde  la Junta de Personal, para llevar a cabo este programa de refuerzo, se perciben anualmente ingresos, tanto de la administración estatal, como de la autonómica, destinados a financiar los gastos relativos a personal, preferentemente profesionales de la educación social, psicología, trabajo social y el asesoramiento jurídico especializado en infancia y adolescencia, así como los gastos formativos de los profesionales y las familias.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Granada, conocedor de esta situación desde hace meses y del corte que supone en la atención a estos menores y sus familias, no ha planteado una alternativa, como la de asumir estas plazas con presupuesto propio para que no ocasione un daño en un ámbito tan sensible.

Según critica la Junta de Personal, a los despidos de estos 6 trabajadores hay que sumar las 7 profesionales que se fueron a la calle en diciembre y que hacían labores relacionadas con la Ley de Dependencia.

El requisito para recibir estas cantidades es la previa justificación documental de que se han cumplido con estas exigencias por todos los municipios andaluces acogidos al programa en el plazo establecido al efecto. El problema radica en que el plazo para acreditar estos extremos finaliza el 31 de marzo y, por lo tanto, desde las Administraciones central y autonómica no se van a emitir las resoluciones concediendo los créditos hasta pasadas esas fechas.

Además, la Junta de Personal viene exigiendo desde hace tiempo  al Ayuntamiento, como responsable de la organización y gestión de sus Centros de Servicios Sociales, "una adecuada coordinación y gestión" a través del Área de Política Social con las Administraciones implicadas, "para que se planifique de manera eficiente y no haya interrupción entre la ejecución de la subvención anual y la resolución de concesión de la siguiente". 

"Si desde el Área de Política Social no se hace este esfuerzo, no solo perdemos un gran capital humano ya formado y conocedor de la problemática de los usuarios y usuarias, como ya pasó con el programa de la Dependencia, es que además se deja de atender a las personas más vulnerables, niños y adolescentes, privándoles de esa atención, seguimiento y asesoramiento en un ámbito tan esencial como es la prevención, detección precoz, protección y reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes".

Por ello, la Junta de Personal exige al Ayuntamiento a través de su Área de Política Social y de Recursos Humanos que "se tomen cartas en el asunto y no se de lugar a estos nuevos despidos, procediendo a cofinanciar la prestación de dichos servicios destinados a la población más desprotegida".