La Asamblea de Trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada, de la que UGT forma parte,  ha llevado a cabo una nueva concentración frente al Consistorio granadino para denunciar que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 "no responde a las necesidades reales del Área de Derechos Sociales ni asegura el refuerzo de plantilla comprometido por el equipo de gobierno".

Critican que las cuentas municipales se hayan elaborado "sin transparencia y sin información a la parte sindical de las plazas que van a crear el año que viene", y recuerdan que el compromiso pasaba por la creación de 20 plazas para el año 2026. De este modo, "el incumplimiento constante de los acuerdos por parte del concejal de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, supone un ataque directo hacia la plantilla" y por ello exigen su dimisión.

Además, esta falta crónica de personal tiene consecuencias directas tanto para la plantilla como para la ciudadanía, quedando patente la gravedad de la situación en los resultados que arroja la evaluación de riesgos psicosociales, realizada recientemente y que concluye que la plantilla de Servicios Sociales se encuentra sometida a situaciones de riesgo elevado o muy elevado. Pese a este diagnóstico, no solo hasta el momento no se han puesto en marcha medidas eficaces ni se ha reforzado el servicio, si no que a final de año el área se quedará sin 7 profesionales que serán despedidos, si nadie lo remedia. 

En el marco de esta nueva movilización, la Asamblea de Trabajadoras ha llevado a cabo una acción simbólica dirigida al cartero/a real, a quien han hecho llegar una carta con las peticiones en la que reclaman a Marifrán Carazo y a su equipo de gobierno los “deseos” imprescindibles para correcto funcionamiento del Área de Derechos Sociales: más personal, más presupuesto y un compromiso político firme que garantice una atención social pública digna y de calidad para la población granadina. 

La Asamblea de Trabajadoras denuncia que mientras no se refuerce la plantilla, no se cubran las bajas en tiempo y no se actúe sobre los riesgos laborales detectados, los Servicios Sociales municipales continuarán funcionando al límite, con un impacto directo en la salud de su personal y en los derechos de la ciudadanía.