Delegadas y delegados de UGT, entre otros sindicatos de la sanidad pública en Granada, se han concentrado este martes, 16 de septiembre, a las puertas del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, para evidenciar que el Ministerio de Sanidad ha cerrado la negociación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud de forma unilateral.

Los asistentes a la movilización consideran urgente actualizar este Estatuto, que lleva sin renovarse desde 2003 y con funciones caducas de hace más de 40 años, por lo que piden que la nueva ley que surja de las negociaciones se ajuste a la realidad de los profesionales de la sanidad, como la jubilación parcial o anticipada, la actualización de competencias o las mejoras en la ordenación del tiempo, entre otras.

Se ha subrayado que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se han ido reclamando estas reivindicaciones por parte de las organizaciones sindicales, entre ellas UGT,  a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Mejoras todas que pueden contemplarse en la Ley del Estatuto Marco y, posteriormente, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que sean necesarias, insistiendo en que Sanidad quiere “echar balones fuera”, aludiendo a una supuesta falta de competencias, y, por tanto, derivando a otros ministerios. El Ministerio de Sanidad no es una ‘isla aislada’, forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer”, afirman, mientras han alzado su voz en defensa de sus derechos y han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple todos los cambios necesarios para acabar con años de recortes, precariedad y discriminación.

También han denunciado que el Ministerio de Sanidad ha elaborado una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública, criticando que el departamento que dirige Mónica García ha roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzado en la mejora de esta norma. Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente, apuntan.

Por último, han mostrado la disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr “la mejor ley posible”, teniendo en cuenta que es la norma “clave” para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.