El derecho a la alimentación y a un trabajo digno ante el coronavirus

El derecho a la alimentación y a un trabajo digno ante el coronavirus

Ante la demanda del sector y la amenaza de la pérdida de productos de primera necesidad en nuestros mercados, el gobierno aprobó ayer el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

08/04/2020 |

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El objetivo es incorporar mano de obra ante la falta de trabajadores y trabajadoras para las producciones agrícolas de las campañas de esta temporada afectada por la pandemia del COVID 19, esto afecta a varias comunidades autónomas, entre ellas la nuestra. 
 
Las cosechas no entienden de virus. Garantizar la alimentación y promover el empleo son dos cuestiones que deben ser prioritarias para nuestros poderes públicos, sobre todo en estos momentos. 
 
Este Real Decreto persigue el objetivo de favorecer la contratación temporal de trabajadores y trabajadoras en el sector agrario flexibilizando medidas del estado de alarma para poder mantener la actividad agrícola hasta el 30 de junio de 2020.
 
Las personas beneficiarias de estas medidas de flexibilización deben tener sus domicilios cerca del lugar de trabajo. Los colectivos prioritarios son: personas desempleadas o en cese de actividad, con suspensión de contratos por cierre temporal de actividades; inmigrantes cuyo permiso de trabajo finalice entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020 y jóvenes inmigrantes de 18 a 21 años que estén en una situación regular. 
 
Otra cuestión muy interesante de este Real Decreto es que se permitirá compatibilizar la prestación por desempleo o el cese de actividad de los autónomos/as, los subsidios agrarios o cualquier otra ayuda social o laboral con el trabajo en el campo, incluso se podrán beneficiar de la medida también los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y con otras prestaciones no contributivas. 
 
No se podrán beneficiar las personas afectadas por ERTES vinculados al coronavirus, tampoco podrán acogerse los autónomos/as que perciban la prestación extraordinaria por cese de actividad que se puso en marcha para hacer frente a la crisis económica desatada el virus.
 
Es destacable por nuestra Organización las garantías laborales que establece: los contratos deben hacerse por escrito, el salario no puede estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, y el pago debe realizarse por transferencia bancaria. 
 
UGT Andalucía valora positivamente que las empresas agrarias andaluzas puedan contratar para las campañas actuales a trabajadores y trabajadoras migrantes cuyos domicilios se encuentren en el mismo término municipal o limítrofe al lugar de la explotación, ampliando su permiso de trabajo hasta la finalización del Estado de Alarma. No obstante, creemos que se debería haber dado un paso más y buscar una fórmula para insertar en el mercado laboral a aquellas personas migrantes que llevan años en asentamientos ilegales en Andalucía trabajando en la economía sumergida, lamentablemente muy extendida en este sector.
 
Sin embargo, no habrá autorizaciones de trabajo extraordinarias para solicitantes de asilo que llevan menos de seis meses en España y por tanto no tienen permiso para trabajar, ni tampoco para inmigrantes cuyos papeles estaban pendientes de tramitación administrativa.
 
Aun así entendemos que esta regulación es una oportunidad para las personas que se beneficien de estas medidas de flexibilización, con una afectación muy importante para la población inmigrante en Andalucía, caracterizada por escasos salarios y precariedad. 
 
UGT Andalucía vigilará que las empresas cumplan las medidas sanitarias aprobadas para evitar contagios y que se facilite a los trabajadores y trabajadoras del campo equipos de protección individual para poder desarrollar su tarea de forma segura. Además los alojamientos de los temporeros y temporeras deberán cumplir también con los protocolos sanitarios. 
 
Desde UGT Andalucía reclamaremos medidas para no dejar atrás a las personas más vulnerables y con más riesgo de pobreza y exclusión social, entre las que se encuentra una parte de la población inmigrante.