Más de 5.000 personas salieron este domingo, 7 de abril, a la calle en Granada para protestar por la "agonizante" situación de la sanidad pública, azotada por listas de espera interminables, privatizaciones y puertas giratorias. La manifestación, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, a la que UGT acudió con pancarta propia, salió a las 12 desde los jardines del Triunfo para recorrer el centro de la ciudad.

A las intolerables listas de espera para operarse, ver al especialista, hacerse una prueba diagnóstica o simplemente acudir a tiempo al centro de salud; a la precarización y hastío de los maltratados profesionales sanitarios, castigados con contratos basura y jornadas interminables, se suman el continuo desvío de dinero público hacia la sanidad privada y también las puertas giratorias de políticos que pegan el salto impunemente a la sanidad privada tras haberla beneficiado con millones de euros, como el reciente caso del exviceconsjero de Salud, Miguel Ángel Guzmán. 

El Gobierno andaluz del Partido Popular está desmantelando la Atención Primaria a golpe de ocurrencias, como el decreto que puso por primera vez precio a su privatización, a precios desorbitados y además que se desarrollaran en los centros de salud. En su momento, las movilizaciones impidieron su puesta en marcha.

LaAtención Primaria exige una atención presencial y una comprensión de la situación global e individual de la salud de cada paciente a lo largo del tiempo, que solo puede lograrse reforzando los centros de salud con reconocimiento, medios y personal. Tanto en medicina como en enfermería, es fundamental que pueda permanecer la misma persona en el mismo puesto durante un tiempo prolongado, sin cambios de contrato continuos, para construir una relación profesional/paciente que permita mejorar la salud de la población. Las consecuencias de este desmantelamiento de la Atención Primaria comprometen la esperanza de vida en Andalucía y aumentan la mortalidad evitable. Esta situación es particularmente crítica en las áreas rurales, afectando a la Atención Primaria y a los hospitales comarcales, lo que ha dejado a la población alejada de las capitales en una situación de máxima precariedad.

La opacidad a la hora de proporcionar datos sobre las listas de espera de la Junta de Andalucía es escandalosa. Cuando después de justificar la no actualización por problemas técnicos informáticos durante más de un año, se ha conocido la verdadera realidad: 142.500 andaluces esperando ser intervenidos quirúrgicamente, 53.000 de ellos fuera del plazo máximo legal para ser atendido. Sin embargo, a pesar de estas llamativas cifras, no se ha producido ninguna dimisión en el Gobierno andaluz.

La decisión de destinar 234 millones de euros, utilizando contratos a dedo con clínicas privadas hasta 2025 con una ley europea que está diseñada para cuando ocurran catástrofes naturales, muestra, sin duda ninguna, que los intereses del actual gobierno giran en torno a privatizar la sanidad pública por medio de externalizaciones y conciertos con centros privados, fomentando que la salud se convierta en un negocio y afectando negativamente a la calidad y el coste de la atención sanitaria.

Una adecuada gestión de la situación actual implica necesariamente aumentar las plantillas estructurales de profesionales con la convocatoria de concursos públicos, en lugar de contratos de pocos meses, que provocan una inestabilidad, una precariedad y una desvinculación que explica el exilio de profesionales sanitarios que existe en la actualidad y desde hace años.

La pésima gestión del personal y del presupuesto, ha incrementado los déficits y provocado una diáspora de profesionales, haciendo que Andalucía muestre actualmente los peores indicadores sanitarios en comparación con otras comunidades autónomas.