El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha intervenido este jueves en el III Comité de UJP UGT Granada, junto con su secretario general, Antonio Garrido, donde ha destacado que "la UJP lleva 46 años enarbolando la defensa de los derechos e intereses de las personas trabajadoras en uno de los momentos o de las fases más importante de nuestras vidas. Cuando nos llega el momento de poder disfrutar de sólo una parte de todo lo que, con mucho sudor y esfuerzo, habéis aportado a lo largo de toda una vida de trabajo".

“He utilizado el verbo disfrutar y lo he hecho a conciencia y porque ese debe ser el objetivo, disfrutar de unos años de dignidad y de derechos. Por eso precisamente no es tolerable que 61.500 andaluces y andaluzas, a día de hoy, todavía estén pendiente de una resolución administrativa que les diga si, tienen o no derecho a su prestación por dependencia”, ha manifestado.

“La Junta de Andalucía acaba de aprobar un Decreto de Simplificación Administrativa que, a pesar de la enorme cantidad de normas a modificar, a pesar del enorme calado de las propuestas que incluye, no va a venir a solucionar las necesidades de agilización que tiene esta prestación. La Ley dice que el plazo máximo de resolución debe ser de 6 meses, pero lo cierto es que, en Andalucía, este plazo medio de resolución de las solicitudes de prestación por dependencia supera el año y medio. Tan dramática es la situación que, desgraciadamente, en muchas ocasiones la persona termina falleciendo durante este periodo”.

“En nuestra tierra, en Andalucía, contamos con 320.000 personas con derecho a esta prestación, es decir que, en mayor o menor medida, precisan de apoyo para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria. Por este motivo, desde UGT Andalucía, de la mano de la UJP, no nos vamos a cansar nunca de exigir más y mejores recursos para el servicio de la atención a la dependencia”.

“Como tampoco nos vamos a cansar de defender la Sanidad Pública y, muy especialmente, la Atención Primaria. Y más ahora que, parece que se está dispuesto a permitir el intrusismo de la sanidad privada en lo que debería ser una materia esencial de lo público, el derecho ciudadano a la salud”, ha concluido.