El PSOE de Sevilla, junto a los sindicatos UGT y CCOO, ha alertado sobre la falta de medidas efectivas del Gobierno andaluz frente al alarmante aumento de los accidentes laborales en la provincia tras una reunión extraordinaria para analizar los últimos datos de siniestralidad.

 

La alarma se dispara después de varios accidentes mortales recientes, entre ellos, la caída de dos trabajadores desde cubiertas de naves industriales, teniendo en cuenta también que la cifra de fallecidos en 2025 fue de 36 fallecidos, una cifra que estas organizaciones califican de intolerable y completamente inaceptable.

 

En el encuentro, tanto representantes políticos como sindicales coincidieron en la urgencia de reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales ante la evidente falta de medidas eficaces por parte de la Junta de Andalucía.

Javier Fernández, secretario general del PSOE de Sevilla, subrayó que “una sociedad avanzada no puede permitirse ni una sola muerte en el trabajo” y advirtió que normalizar estas cifras sería inaceptable, señalando la ausencia de iniciativas reales para frenar la siniestralidad.

 

Por su parte, Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, enfatizó “la necesidad de exigir responsabilidades al gobierno andaluz en la aplicación de la normativa preventiva”, pero también hizo hincapié en que “la responsabilidad legislativa principal recae en el Gobierno central”, al que instó a actualizar de manera decidida la normativa de prevención de riesgos laborales para adaptarla a la realidad del mercado de trabajo.

 

Desde UGT Sevilla, José Armando Rodríguez, secretario de Salud Laboral, denunció durante la reunión el mal funcionamiento del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, cuyas normas internas, vigentes desde 2013, “no están desarrolladas ni firmadas por ningún responsable político, lo que las convierte en papel mojado”. Criticó que en las reuniones provinciales del Consejo se limiten a presentar datos y relatar accidentes, sin capacidad real para adoptar medidas que reduzcan una siniestralidad que ya se ha cobrado 36 vidas en 2025, y a lo que añadió que “no es aceptable que una persona salga a trabajar y no regrese a su hogar”.

 

UGT trasladó también al PSOE la necesidad de llevar estas reivindicaciones al Congreso de los Diputados, reclamando que se desbloquee la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuya negociación lleva más de un año paralizada tras la retirada de las organizaciones empresariales, considerando imprescindible que Gobierno y sindicatos impulsen esta actualización para proteger de manera efectiva a los trabajadores.

 

El sindicato advirtió sobre los riesgos de dejar la gestión de trabajos peligrosos exclusivamente en manos de los empresarios, especialmente en un tejido productivo mayoritariamente compuesto por pequeñas empresas sin servicios de prevención propios, lo que dificulta la evaluación de riesgos. Además, criticó que la falta de obligatoriedad para suspender actividades y la lentitud de los procesos judiciales acaban derivando en acuerdos extrajudiciales sin consecuencias para los responsables de dichos accidentes.

 

En este contexto, UGT Sevilla volvió a reivindicar una batería de medidas urgentes para reducir la siniestralidad laboral, entre ellas la creación de delegados territoriales o sectoriales de prevención de riesgos laborales para vigilar, asesorar y formar, especialmente en PYMES; el refuerzo de una cultura preventiva real en todos los sectores productivos; la modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995; un aumento de recursos para la Inspección de Trabajo y la creación de una justicia especializada en siniestralidad laboral; y la coordinación de un modelo preventivo tripartito entre Junta, sindicatos, organizaciones empresariales, el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo.

 

UGT Sevilla insistió en que la siniestralidad laboral no es una estadística, sino un problema social de primer orden que exige voluntad política, recursos y decisiones valientes para garantizar el derecho fundamental a la vida y a la salud de quienes trabajan.