El artículo 47 de la Constitución Española declara que:“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

 

UGT, fieles defensores de la Constitución, siempre hemos defendido este derecho, al igual que el derecho a un trabajo digno, que recoge el artículo 35 de la carta magna.

 

Durante su intervención ante el consejo económico y social, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha puesto el acento en la importancia de los servicios públicos y de los funcionarios  “Desde UGT Sevilla defendemos que las potestades administrativas de los funcionarios y por delegación de algunos empleados públicos en general se deben respetar en todo momento, ya que son garantía de imparcialidad y no arbitrariedad del procedimiento en sí y en este sentido, consideramos imprescindible  y volvemos a insistir en ello, garantizar algo esencial: las potestades administrativas”.

 

“En UGT Sevilla[MU1] , pensamos que, si bien es cierto que en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente había un tapón en la concesión de licencias y tramitación de las mismas, ahora con la OROA, gracias la declaración responsable de los interesados y gracias las ENTIDADES URBANÍSTICAS CERTIFICADORAS (EUC), reguladas en el Título III, y los COLEGIOS PROFESIONALES (CP), títulos V y VI, el procedimiento de trámite se agilizará enormemente y habrá más dinamismo en la concesión de las licencias” añade

“Pero esto debe estar acompañado en última instancia por una acción de verificación de los funcionarios públicos y, por supuesto, por una comprobación posterior de la inspección del organismo; inspección que por supuesto, debe ser de los funcionarios públicos. A ello hace referencia el dictamen que hoy hemos debatido y en este sentido durante su estudio hemos detectado una incongruencia entre el articulo 33.4 y 69.4 que hemos intentado explicar y que el dictamen lo aclara suficientemente. Como dice el dictamen la salvaguarda de las potestades públicas son garantía de imparcialidad e independencia, así como la no arbitrariedad de los actos realizados ex profeso” continúa.

 

Ginésha señalado que “el dictamen toca algunos aspectos también importantes como el régimen de incompatibilidades de los agentes intervinientes en el procedimiento algo que desde UGT aceptamos y por supuesto estamos de acuerdo”

 

“Por último, durante el trabajo realizado para concluir este dictamen, en lo referente al Art. 108. “Clases de infracciones”, se han detectado conceptos jurídicos indeterminados en la definición y calificación de las infracciones, muy graves, graves y leves), que pueden inducir a subjetividad, por parte de los responsables de su interpretación y aplicación, por ello, se sugiere una revisión de las mismas para garantizar la aplicación de criterios objetivos en su calificación y clasificación y para garantizar certeza y seguridad jurídica a los administrados, a los ciudadanos y usuarios y a los agentes interesados”.

 

El dictamen se ha aprobado por mayoría del Consejo Económico y Social de Sevilla.

 

En representación de UGT Sevilla en la comisión de elaboración del dictamen ha participado el secretario de Institucional, Diego Carlos García Cebrián

 

Más información: María Iglesias-secretaria de Política Sindical, Empleo y Comunicación Telf. 608936288