Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad  y por este motivo desde UGT  queremos  seguir exigiendo  que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad y  que se pongan en marcha  medidas para que, de una vez por todas, se logre la plena inclusión social y laboral.

Los derechos fundamentales constituyen una de las principales herramientas de organización y dirección de la vida social, pero no basta con ejercerlos, además hace falta cambios sociales y, sobre todo, cambios en la forma de percibir y aceptar a las personas como tales  y su espacio  en la sociedad.

La condición de ciudadanía es el estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de nuestros derechos y deberes  como personas, por tanto, en la medida en que los equipamientos, los servicios y los espacios son más cómodos, más seguros, más fáciles de usar y que  promuevan la autonomía de las personas, tendremos  un entorno más accesible y de mayor calidad de vida.

Tras  la aprobación deLey 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía se marca como uno de sus principales objetivos el que se  garantice la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanía, mediante  la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente, previniendo y erradicando cualquier causa de discriminación por razón de discapacidad.

 

El empleo es una herramienta fundamental para fomentar la autonomía de las personas y su participación en la comunidad y, por supuesto,  para las personas con discapacidad, que particularmente se han visto y se ven afectadas por el complicado contexto económico que vivimos en la actualidad.

El número de personas con discapacidad según datos de los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía, a fecha de 31 de  octubre de 2018  en Málaga hay 126.283  personas con discapacidad con un grado igual o superior del 33%, de las cuales 60.544 son mujeres y 61.041 son hombres.

El 50,% de las personas con discapacidad valoradas con un grado de discapacidad igual o mayor al 33% tiene entre 16 y 64 años y el mayor porcentaje se sitúa en un grado entre 33% y 64% (66.777 lo que supone un  53,%).

Según el Observatorio ARGOS  del Servicio Andaluz de Empleo, a 31 de octubre de 2018, en Málaga se registraron un total de 1.022 contratos de los cuales, 601 se hicieron a  hombres  y 421 a mujeres. De estos contratos,  101 indefinidos y 921 son temporales, lo que supone un alto índice de temporalidad (92,%).

Por grupo de edad, hay que destacar que el mayor número de contratos indefinidos  se realizan a personas con discapacidad de más de 45 años (52),  sin embargo el  mayor el número de contratos temporales es para las personas entre 25 y 44 años  (440).

Sigue siendo el sector servicio donde se encuentran contratadas mayor número de personas con discapacidad, representando un 80% del total de contratos registrados.

En relación a las personas con discapacidad demandantes de empleo, nos encontramos con un total de 4.824, de las cuales  2.588 son mujeres y 2.236  son hombres, de los cuales el  4,% son menores de 25 años, el 36% tiene entre 25 y 44 años y el 60% son mayores de 45 años. 

El paro registrado es de 3.521, siendo mayor en mujeres  (55%) que en hombres (44%). Un dato a destacar es que las mujeres mayores de 45 años son las que tienen mayor alto índice de paro  siendo este del 36%.

Por tanto, se vuelve a evidenciar que la mayor parte de las diferencias de género observadas en la participación de personas con discapacidad en el mercado laboral reproduce además de las diferencias de género existentes en el mercado de trabajo se suman  las diferencias entre las personas con y sin discapacidad.  Por ello, seguimos insistiendo y reivindicando la igualdad ante la doble discriminación: por ser mujer y por pertenecer al colectivo de personas con discapacidad.

A todo esto se le suma, las características actuales del mercado de trabajo: inseguridad en el empleo, bajos salarios, dismi­nución de derechos laborales, etc y, en general, un continuo empeoramiento de las condiciones de laborales.

Por tanto, no es extraño encontrar trabajadores y trabajadoras  que se ven obligados a realizar jornadas excesivas, a reducir o eliminar los descansos, a intensificar el ritmo de trabajo hasta límites inimaginables y en muchos casos, como contraprestación  un salario mínimo. Todo ello  conlleva en numerosas ocasiones a agravamiento de discapacidades, a enfermedades profesionales y como no, a accidentes laborales.

Por otro lado, el  padecer una enfermedad grave conlleva a adquirir una discapacidad, no permitiéndole  desempeñar total o parcialmente su puesto de trabajo. Ante esta situación, la persona necesita  una reorientación vital y profesional.

Por ello, es necesario que todos y todas nos revelemos contra esta situación y exijamos que se pongan medidas necesarias para conseguir un trabajo seguro  y que se realicen las adaptaciones y los ajustes razonables cuando sean necesarios en los puesto de trabajo para que todas las personas, sobre todo las personas con discapacidad, y por tanto, se propicie  un mercado laboral igualitario, inclusivo y sin riesgos.

Además, los poderes públicos están obligados a realizar todos los esfuerzos para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho al trabajo y que todas las medidas planificadas y aprobadas sean puestas en marcha con la dotación necesaria tanto de recursos económicos como materiales, infraestructuras y por supuesto equipos de trabajo que hagan posible que  tantos y tantas personas con discapacidad tengan su oportunidad de acceso al mercado laboral y puedan ejercer, como el resto, la plena ciudadanía.