La nueva decisión sobre la devolución de las cantidades a los mutualistas genera indefensión, discrimina a quienes no han recibido su reembolso y rompe los acuerdos previamente alcanzados con los agentes sociales.

Segundo Martín secretario general UJP-UGT Málaga añadió que, “la decisión actual crea un agravio comparativo entre los mutualistas que viven en diferentes CC.AA. dado que algunas de ellas ya han pagado toda la cantidad adeudada y actuando de oficio como las haciendas forales de Navarra, Álava, Bizkaia y Guipúzcoa.”

Por otro lado, Segundo Martín puntualizo que, “el nuevo acuerdo de la Agencia Tributaria debe analizarse no solo desde la óptica fiscal, sino también desde una perspectiva de equidad y seguridad jurídica. Las autoridades competentes deben atender las preocupaciones de los mutualistas afectados y ofrecer mecanismos que mitiguen los efectos negativos de esta decisión, garantizando un tratamiento justo para todos los contribuyentes, independientemente de su lugar de residencia y de las decisiones previas que hayan adoptado basándose en normativas anteriores. 

 La Agencia Tributaria debe considerar mecanismos que mitiguen los efectos negativos de esta decisión.

Se debe garantizar un trato justo y equitativo para los mutualistas en todo el territorio.

 Es fundamental mantener la seguridad jurídica y la confianza en las normativas fiscales para proteger los derechos adquiridos de los afectados.

Por todo ello:

Exigimos rectificación inmediata, ante esta grave situación, y desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT Málaga, demandamos:

1. La reversión inmediata de esta decisión y la restitución de los criterios originales que respetaban los derechos de todos los mutualistas.

2. El cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales como muestra de respeto hacia los procesos de negociación colectiva.

3. La apertura de un canal de diálogo urgente con las partes afectadas para garantizar que futuras modificaciones se realicen con transparencia y consenso.

Desde la UJP UGT Málaga interpelamos a las autoridades competentes para que actúen con responsabilidad y corrijan esta situación discriminatoria.

 En definitiva, esta decisión unilateral, inexplicable e inexplicada por parte de quienes la han tomado y ejecutado, se enmarca dentro de las políticas que llevamos años padeciendo por parte de las diferentes administraciones, es un paso más en lo que denominamos edadismo institucional, el que se refiere a las leyes, reglas, normas sociales, políticas y prácticas de las instituciones que restringen las oportunidades y perjudican sistemáticamente a las personas en base a su edad.

Asimismo, instamos a la sociedad a no permanecer indiferente ante esta injusticia que afecta a un colectivo fundamental en nuestro sistema social, a la cual convocamos el próximo día 20 de febrero de 2025.