La Sección Sindical de UGT-FICA Málaga en Acosol denuncia la injusta decisión de Acosol donde la empresa pública, responsable de la gestión del agua en la Costa del Sol Occidental, ha excluido, para su próxima convocatoria de creación de bolsas de trabajo de empleo público, los certificados de profesionalidad como acreditación válida o equivalente a la formación reglada.

Esta decisión supone un agravio comparativo para numerosos profesionales cualificados que ven vulnerado su derecho a optar a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones.

Los certificados de profesionalidad son títulos oficiales reconocidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las Comunidades Autónomas, que acreditan profesionales en diferentes sectores laborales. Su validez está plenamente respaldada por la normativa vigente y constituyen una vía legítima de acceso al mercado laboral, tal como establece la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

La negativa de Acosol a aceptar estos certificados en su proceso selectivo contradice el espíritu de inclusión y meritocracia que debe regir el acceso al empleo público. Además, esta medida afecta directamente a numerosos profesionales que han invertido tiempo y recursos en su formación y que ahora ven cercenadas sus oportunidades laborales sin justificación razonable.

Desde UGT-FICA Málaga, se ha solicitado explicaciones a la dirección de Acosol y se ha instado a la rectificación inmediata de esta discriminación arbitraria. Asimismo, se valora la posibilidad de emprender acciones legales para garantizar que todos los aspirantes puedan participar en igualdad de condiciones, conforme a la legislación vigente.

Exigimos a Acosol que rectifique su postura y reconozca los certificados de profesionalidad como una acreditación válida en sus procesos de selección, tal y como establece la normativa y así lo hacen el 100% de las empresas públicas y privadas del sector (Emasa, Hidrália, Emasesa,etc). No podemos permitir que una empresa pública ignore el marco legal y prive a personas trabajadoras cualificadas de su derecho al acceso a un empleo público.