Hoy en rueda de prensa, la secretaria de derechos sociales de UGT Málaga Salvadora Villalba, señaló “que durante el tiempo de la pandemia las personas mayores, que han sido consideradas como grupo de riesgo ante el virus, han sufrido y siguen sufriendo sus consecuencias en diversos ámbitos, principalmente en el de la salud, así como en la disminución de recursos que las administraciones públicas, a todos los niveles, destinan a las políticas de salud. Hay que tener en cuenta que las prestaciones de dependencia son un derecho social, universal y subjetivo reconocido a personas que, por motivo de edad, enfermedad, discapacidad, …etc, necesitan cuidados de personas o de servicios profesionales adaptadas a sus necesidades. Este derecho no ha sido plenamente desarrollado como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno de Rajoy (que aprobó el Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria) que provocó de inmediato una sucesiva y reiterada minoración de las partidas presupuestarias destinadas a dar cumplimiento a la Ley. Como consecuencia de los recortes, el Gobierno de España redujo su aportación presupuestaria por debajo del 50% que establece la ley pasando a asumir la CCAA de Andalucía la aportación en 2020 del 78% mientras que el Estado sólo aportó el 22% y que desde entonces arrastra una insoportable lista de espera.

Es por ello que demandamos al Gobierno de España que restablezca la aportación del 50% e inyecte una aportación extraordinaria para paliar los déficits provocados por el D.L 20/2012 y asimismo al Gobierno de Moreno Bonilla que mantenga su aportación para dar oxígeno al sistema y cumplir con la Ley y con los derechos de las personas que más lo necesitan”.

 El secretario general de UJP UGT Málaga, Cristóbal Melgar puntualizo “necesitamos servicios públicos de calidad en dependencia, así como unas Residencias Públicas Dignas a disposición de nuestros mayores.En Málaga y Andalucía no se está apostando por las Residencias Públicas de Mayores, y esto se constata no solo por la prensa , pese a la escasa información sobre ello que llega a los medios, sino que también y  principalmente, por las quejas que recibimos de los compañeros y compañeras, o de sus familiares, que nos solicitan ayuda trasladándonos sus dificultades para que se le haga una valoración de su dependencia con la  finalidad de que se les conceda una plaza en una residencia o una prestación económica alternativa que haga posible la atención domiciliaria necesaria.

Por otro lado ,Villalba destacó que “los datos publicados a 31 de agosto de 2022 del Ministerio de Derechos Sociales nos indican que en Andalucía con 415.946 solicitudes de dependencia y 367.054 de resoluciones y de estas solo se han beneficiado 300.000 personas y 81.525 siguen en listas de espera mientras que en Málaga son 68.040 solicitudes, donde 40.502 con prestaciones reconocidas y en listas de espera siguen 14.873 dependientes”.

Por todo ello tanto la UJP de UGT como CCOO Málaga reclamamos al Gobierno y a las Administraciones y Poderes Públicos lo siguiente:

• Mejor sanidad. Políticas públicas en materia de promoción de la salud, imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo. Aumento del gasto sanitario público principalmente en la atención primaria dirigida a toda la población, personas mayores prioritariamente, incrementándose la Atención Primaria fundamental.

• Dependencia.Impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, incremento de plazas de centros de día y de residencias. Mejores condiciones laborales dignas y justas del trabajador@s de los diferentes servicios de la dependencia. Protocolos de cuidados a personas dependientes. Vigilancia y control de las administraciones públicas competentes en este tipo de servicios, para asegurar que se están cumpliendo las condiciones y la ley de dependencia, y sobre todo los derechos de las personas mayores. No debemos permitir que sea un sistema que priorice el negocio respecto de la atención y bienestar de las personas mayores.

3-Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Reclamamos esta ley como una de las prioridades en la agenda política de nuestro país debiéndose garantizar, como fin último, la protección específica de las personas mayores en aspectos tan importantes como: salud, vivienda, protección social, económica, jurídica, cultural de ocio y la no discriminación. También debe garantizarse la visibilidad y la participación activa de los mayores en todos los ámbitos de la sociedad.

En resumen, una ley que proteja e impulse el envejecimiento activo y garantice la mejor calidad de vida.

4. El plan de choque del sistema de Dependencia 2021-2023 negociado y suscrito en enero del 2021 por UGT-CCOO-CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un aumento de financiación estatal. Aunque el gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar 3.600 millones hasta el 2023, no se ha vinculado esta financiación a uno de los acuerdos cual era la mejora de financiación  aumentando la calidad del empleo y mejorando  las condiciones laborales de los profesionales y/o trabajadores.

5. Crisis energética y Alimentaria. Al encontramos actualmente en una crisis energética y alimentaria con una subida de los precios en bienes esenciales, los pensionista y jubilados tienen problemas para llegar a fin de mes. Por ello solicitamos se bajen los precios de los servicios esenciales y se regulen los beneficios empresariales.

6. Garantizar pensiones dignas y suficientes. El dialogo social ha demostrado ser el instrumento más eficaz para garantizar pensiones dignas, suficientes y sostenibles. Reivindicamos el incremento de las pensiones contributivas y no contributivas que garanticen el poder adquisitivo y la continuidad del Dialogo Social.

7- Políticas de recortes. Los partidos políticos deben de tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas mayores en cualquier materia de recortes. Las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares, siendo a veces las sustentadoras principales de hijos y nietos.

8- Bono social térmico. Se deben revisar los criterios para acceder a este bono para que llegue a más colectivos en situación de pobreza, simplificar la carga burocrática y facilitar las gestiones. Limitar los beneficios de las compañías eléctricas.

9-Accesibilidad de los mayores. Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero tenemos en muchos casos limitada la accesibilidad en nuestros propios hogares. También existen diferentes barreras arquitectónicas en los pueblos y ciudades, encontrándose en muchas ocasiones prisioneros en sus propias viviendas.  Reivindicamos un plan de actuación de las Administraciones competentes en esta materia, sobre la España que queremos y como la queremos estructurar.

10- Fiscalidad progresiva. Que aporte más quien más tiene de manera justa y eficiente para asegurar vidas dignas, así como una mayor cohesión social.

11-Transformacion digital. Se debe realizar de forma inclusiva sin dejar a nadie atrás. En la actualidad esta transformación impide una plena adecuación al mundo digital al colectivo de personas mayores, siendo más necesario con aquellos que viven en las zonas rurales.

12- Intervención del gobierno. Para terminar con el abuso impuesto por la banca a este colectivo. No puede ser que quienes menos renta tienen deban abonar más comisiones bancarias. No podemos permitir que nos impongan gastos y comisiones por carecer de medios tecnológicos o la capacitación necesaria para operar mediante la banca online. Se trata de acceder a NUESTROS ahorros.

Por todo ello llamamos a todas las personas que deseen sumarse el día 30 de septiembre a las 11:00 horas a la concentraciónque tendrá lugar en las puertas de la Delegación del Gobierno Junta de Andalucía, en Alameda Principal, 18, "por una atención a la dependencia de calidad y por unas residencias dignas y suficientes".