Durante la misma, el comité de empresa, y en su nombre su presidente, José Armando Rodríguez Ardila, (UGT) ha trazado un recorrido por los despidos “llevados a cabo exclusivamente de la plantilla española y solicitó la implicación de la Diputación de Sevilla y su presidente para dotar a la misma de seguridad jurídica de manera que se evitase la sangría de pérdida de puestos de trabajos, más de 400, así como gestiones para revertir los 15 últimos despidos llevados a cabo por KBR de manera inhumana y obviando el papel de los representantes legales de la plantilla”.

 

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, durante su intervención “conminó a KBR a revertir los 15 despedidos procediendo a su inmediata readmisión, así como a la paralización de los 36 despidos previstos en el futuro inmediato, (según anunció la empresa en las cartas de despido entregadas la pasada semana)”.

 

Así mismo, el presidente de la Diputación, mostró su preocupación por que “la Base de Morón, ubicada en una zona especialmente castigada por el desempleo, en lugar de generar riqueza genere una conflictividad innecesaria”.

 

Fernández, ha añadido que ‘la tramitación del Convenio de Cooperación entre España y EEUU para regular las bases en territorio español no puede ser un puro trámite para los Estados Unidos, donde ellos proponen y el Congreso de los Diputados acepta. Lejos de eso, es de crucial importancia que se traten de equiparar las condiciones laborales en las Bases que los estadounidenses tienen en suelo andaluz’.

 

El comité de empresa, solicitó a la Diputación de Sevilla la realización de un estudio de proyectos económicos que dejan de realizarse en la zona próxima a la Base de Morón debido a su proximidad al recinto militar “porque si la Base de Morón no crea empleo e impide industrias alternativas, qué sentido tiene la presencia de EEUU en territorio sevillano”.

 

Es importante recordar que la adjudicataria americana que presta los servicios en la Base de Morón, ya acometió hasta tres expedientes de regulación de empleo desde 2010, desprendiéndose de un total de 400 trabajadores y trabajadoras, todos españoles durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.

 

Ante esa coyuntura, la plantilla de nacionalidad española lleva ya unos diez años reclamando una modificación del tratado bilateral de defensa entre Estados Unidos y España que regula el funcionamiento de dicha instalación militar, al objeto de que sean incorporadas mejoras laborales para los empleados civiles y garantías en materia de mantenimiento del empleo.

 

En la misma línea, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés “ha puesto el acento en que existe una dualidad laboral muy acentuada entre las plantillas de las empresas contratadas con sede en España, en la que los/as trabajadores/as con contrato español cumplen con todos los requisitos en materia fiscal y de cotizaciones a la seguridad social, frente a los más de 70 trabajadores estadounidenses con contrato americano, que no pagan impuestos ni seguridad social  en nuestro país. Esto genera una competencia desleal, ya que las empresas contratistas optan por la contratación de personal estadounidense en origen, a la vez que amortizan puestos cubiertos por plantilla con contrato español.

 

Continúa el informe del comité entregado al presidente de la Diputación argumentando que ‘el gobierno americano siempre ha recogido sus necesidades militares en el Tratado Bilateral, como bien se recoge en las tres últimas enmiendas. Sin embargo, en la última negociación, ambos países firmaron un “Acuerdo de buen entendimiento” para la potenciación de la contratación española, que no estaba incluido en el Tratado Bilateral y que, sin embargo, no ha tenido ninguna repercusión positiva en la Base de Morón’.

 

 

Más información: María Iglesias-secretaria de Política Sindical, Empleo y

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