El pasado 11 de septiembre se publicó en BOE el Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. El gran problema es que el Gobierno central mete en el mismo saco a empleadas de hogar y trabajadoras de ayuda a domicilio, dos sectores totalmente diferentes.

Mientras que las empleadas de hogar están sujetas a un régimen especial en la seguridad social y dependen de un empleador directamente, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio trabajan en empresas sujetas a contratos de la administración pública, ya que gestionan una prestación de la Ley de la Dependencia.

El personal del servicio de ayuda a domicilio tiene representantes legales de los trabajadores en sus empresas, convenio colectivo y acceso a la negociación colectiva, por lo que las diferencias son claras y la PRL en este sector debería regularse de manera independiente.

Las auxiliares de ayuda a domicilio tienen la obligación por ley, de tener formación específica, mínimo un Certificado de Profesionalidad de Grado 2, y las funciones son mucho más amplias y específicas que las de una empleada de hogar.

Son dos sectores bien diferenciados que no se pueden mezclar por el simple hecho de estar ampliamente feminizados. El cliché que tanto los cuidados como el mantenimiento de la casa pertenece a la mujer, sigue estando en la sociedad desgraciadamente, pero es muy grave que el Gobierno fomente estas ideas con actuaciones como esta.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, desde UGT sí valoramos positivamente que por fin se haga palpable la necesidad de abordar la Prevención de Riesgos Laborales en el Sector del SAD, aunque tal y como viene recogido en el Real Decreto no da respuesta a las necesidades de las trabajadoras.

En el SAD se considera centro de trabajo cada uno de los domicilios de las personas usuarias del servicio, por lo que al inicio de dicho servicio debería elaborarse la evaluación de riesgos. Sin embargo, esta regulación vuelve a dejar en manos de las personas usuarias la seguridad de las auxiliares, ya que sin su consentimiento ni se podrá realizar la evaluación de riesgos ni poner las medidas necesarias para eliminar los riesgos encontrados en su domicilio. Hay que tener en cuenta que por esa falta de evaluación de riesgos, ha habido accidentes laborales incluso mortales que se podrían haber evitado.

En conclusión, un derecho que desde UGT veníamos reclamando desde hace años, se ha quedado corto una vez más. Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio no se merecen el maltrato que siguen sufriendo por parte de administraciones, empresas y, en muchas ocasiones, familias a las que atienden.