Las mejoras en el acceso al permiso de residencia y trabajo por el arraigo laboral, la posibilidad de arraigo social con un informe autonómico, el arraigo de segunda oportunidad para quienes hayan perdido los requisitos previos, el arraigo formativo con compatibilidad de trabajar y la regularización de familiares de personas con nacionalidad española, así como por cuidados, son claras mejoras para la sociedad. Además, obviamente, de la reducción de tres a dos años el periodo de estancia en España para poder acceder a dichas regularizaciones por arraigo.

Por otro lado, nuestro sindicato se ve obligado a denunciar la situación en que quedarán decenas de miles de demandantes de asilo a consecuencia de la Disposición transitoria 5ª del Reglamento. Esta disposición, que ofrece una vía excepcional para regularizar la situación de las y los solicitantes de asilo a quienes se les haya denegado la protección internacional de manera firme antes del 20 de mayo de 2025, no contempla la posibilidad de regularizar a quienes están esperando contestación a su petición de asilo.  En enero de este año estaban pendientes de resolver más de 260.000 solicitudes de asilo. El ritmo de resoluciones no llega a las 10.000 al mes, por lo que estas personas pueden perder su permiso temporal de residencia y de trabajo.

Ante esta situación, nuestro sindicato ve positivamente que en el trámite de la ILP Regularización Ya se dé respuesta a la situación de las personas solicitantes de asilo entre otras cuestiones que quedaron pendientes en el Reglamento. Recordamos que dicha ILP fue aceptada a trámite por todos los grupos parlamentarios menos la extrema derecha.

También es necesario manifestar nuestra preocupación por la saturación en que se encuentran las oficinas de extranjería que, aunque se haya anunciado su refuerzo con cerca de 1000 personas, están infradotadas y sus condiciones laborales hacen que no se consoliden sus plantillas. Es inaceptable también que no se esté dando respuesta a las denuncias de varias asociaciones de personas migrantes que aseguran que existe un sistema ilegal de compraventa de citas, cuestión intolerable que no se debería estar permitiendo en ningún caso.