Miedo me dan las palabras de la Secretaria de Estado de Educación, Monserrat  Gomendio, cada vez que hace una intervención pública porque, aunque luego “desautoricen” sus palabras, tengo la sensación de que su “gran misión” es ir lanzando globos sonda para que nos vayamos acostumbrando a oír que la educación como servicio público universal y garantista ni se sostiene con fondos públicos ni debería ser universal.

En esa línea demagógica de que la sociedad paga aquello de lo que otros se benefician – en este caso las enseñanzas no obligatorias: Infantil, Formación Profesional, Bachillerato y Enseñanzas Universitarias-, la última andanada a la línea de flotación de la educación, tan maltrecha ya,  ha sido dejar caer que habría que plantearse si debemos pasar del modelo de becas al sistema de préstamos universitarios.

 

Ya de entrada, la primera proposición chirría; demuestra el concepto que esta señora tiene de la educación como un lucro personal  para el que la recibe, y no como la mejor inversión que se puede y debe hacer para construir una sociedad preparada y formada para enfrentarse a los nuevos retos económicos y sociales del siglo XXI. La segunda cuestión -modelo de becas o de préstamos universitarios- : la Secretaria de Educación no vería mal sustituir el actual modelo de becas por el de préstamos universitarios, modelo implantado en países como EEUU, Inglaterra o Australia, en los que los precios de las matrículas se han encarecido de tal modo que la deuda de los estudiantes supera  millones de euros;  millones de euros que habría que devolver en un contexto de  crisis económica como la que vivimos y en  el que difícilmente nuestros jóvenes podrían lograr un trabajo estable con unos ingresos suficientes como para poder devolver sus préstamos universitarios.

Sra. Gomendio, ¡los experimentos para otro momento!

Por supuesto no se queda atrás el Ministro Wert, ni mucho menos.  El adalid del cambio educativo, de la búsqueda de la calidad, el que considera que el país invierte demasiado en profesorado sin pensar que no existe servicio público de calidad sin los empleados públicos que gestionan estos servicios, … el que, sin ningún tipo de pudor,  es capaz de basar el convenio de colaboración entre las CCAA y el Ministerio para la financiación de la LOMCE en reglamentos europeos que recogen entre las prioridades de inversión en educación “el fomento de la igualdad de acceso a una educación de buena calidad” tras haber recortado becas y endurecido los requisitos de acceso a ellas, recortes en ayudas a libros, transporte escolar, comedores, etc. y haber propiciado la subida desproporcionada de tasas universitarias.   Eso es tener como prioridad el acceso a la educación en condiciones de igualdad, claro está.

El Ministro Wert sigue apretando; la LOMCE, la única Ley de Educación en este país que ha concitado el rechazo de toda la comunidad educativa, pero que nos va a tocar pagar a todos.  Cofinanciada con fondos sociales europeos que sólo son aplicables a gastos de personal, la puesta en marcha de la LOMCE supondrá en cada comunidad Autónoma un ingente gasto partiendo de que los cálculos iniciales de coste por alumno de Formación Profesional Básica    son menores incluso que los del coste por alumno de secundaria, es decir, todo parece indicar que los cálculos están hechos muy a la baja.  La financiación, además, no cubre lo que no sea salario base de profesorado, ni  equipamientos, ni infraestructuras, ni transporte escolar, ni  un largo etc. 

Pero tampoco hay problema… si todos estos gastos suponen en algún momento mayor endeudamiento de la Comunidad, ahí está el Ministro Montoro, para sugerir más de doscientas medidas con la que reducir el déficit autonómico: volver a recortar los salarios de los empleados públicos,  incrementar la ratio de alumnos por profesor en un 10%, medida asumida ya por muchas CCAA, no pagarle al profesorado interino el verano, reducir las ayudas a los Ayuntamientos para el mantenimiento de las Escuelas Infantiles, reducir aún más las partidas para becas y servicios como comedores y libros de texto, darle un repasito al mapa universitario y eliminar titulaciones y universidades (será para seguir favoreciendo “el acceso a una educación de calidad”), en fin, una serie de medidas que proponen como alternativa  a las CCAA para no superar el techo de gasto que, por cierto, no es igual para el Estado que para las propias CCAA, y se exige después de un constante recorte de financiación por parte del Estado a las mismas.  Lo más interesante: no será el Estado el que aplique estas medidas sino el que exige el cumplimiento del objetivo de déficit y “generosamente” ofrece una serie de posibilidades para ayudar a que esto sea así y sean los gobiernos de las CCAA los que deban afrontar estos recortes yéndose el Gobierno Central de rositas.  

También se propone como alternativa eliminar el exceso de vacantes y dejar la tasa de reposición bajo mínimos en servicios esenciales – ya ha demostrado el Gobierno del PP que, para ellos, la Educación y la Sanidad no son servicios esenciales - .  Y encima tenemos que soportar que alguna lideresa del PP diga en debates televisivos que servicios públicos se dejan en manos de gestión privada porque  ésta es más eficaz… ¿ habrá que explicarles que la obligación de un gobierno es garantizar precisamente que la gestión pública  de ese servicio público sea de calidad y eficiente? ¿y que eso no se puede hacer con propuestas como las que han planteado a las CCAA?

Y llamamiento al Gobierno Autonómico de la Junta de Andalucía.  Esta serie de argumentos, que reflejan el auténtico enfado que tengo con las formas y fondos del Gobierno de España y el ministerio de Educación, hacen que pueda entender, pero NO COMPARTIR en ningún caso,  cualquier tipo de recorte como los que hemos mencionado ni algunos de los que ya se han producido en nuestra comunidad.  Ningún gobierno de izquierdas, ningún gobierno que  diga a boca llena que la educación es una de las prioridades políticas de su mandato, si cree de verdad que la educación es una de las herramientas básicas del cambio y la construcción social, debe permitir que el modelo  económico  que nos intentan imponer desde Europa, con la connivencia del Gobierno de España, suponga automáticamente la desprotección de un servicio social básico como la educación – que no el único –. Es una pena que  ningún gobierno haya sido capaz aún de establecer ni garantizar una inversión mínima del PIB en Educación que no esté al albur de los vaivenes económicos y que al final sirven como excusa para desmantelar nuestro Estado de Bienestar.

Y más me pone los vellos de punta la pasividad con la que asumimos cada uno de estos planteamientos, castigándonos a nosotros mismos como si nos lo mereciéramos, sin reaccionar,  y perdiendo el norte de cuál es la sociedad que  queremos y qué futuro le estamos hipotecando  a nuestros hijos.

 

Sonia Gaya Sánchez

Secretaria General

FETE-UGT Andalucía