Se incrementa en Andalucía la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social situándose ya en un 37,5%
Según la "Encuesta de condiciones de vida" publicados por el INE, la renta media de los hogares andaluces se incrementa en 2.470 euros con respecto al ejercicio anterior y se sitúa en 29.916 euros, más de 4.900 euros por debajo de los ingresos medios de los hogares en el conjunto del Estado.
La tasa de riesgo de pobreza se incrementa, volviendo a superar el umbral del 30%. Más negativa aún si cabe es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social que pasa a situarse en el 37,5%.
El 43,3% de los hogares andaluces no pueden permitirse irse de vacaciones y un 46,3% no puede afrontar gastos imprevistos y más del 9% no pueden permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. Más de la mitad de nuestros hogares declaran tener dificultades, simplemente, para llegar a final de mes.
RENTA MEDIA
La renta media de los hogares andaluces (29.916 €) encadena tres ejercicios continuados de ascenso, al tiempo que la brecha con los datos estatales (34.821 €) se vuelve a incrementar respecto al año 2022, y se sitúa, nuevamente, en torno a los 4.900 euros.
La renta media de los hogares, tanto a nivel estatal como autonómico, no deja de aumentar. En el caso andaluz, el aumento de los mismos es del 24,18% y en el caso nacional del 22,53%.
TASA DE RIESGO DE POBREZA
El porcentaje de población andaluza en riesgo efectivo de pobreza se ha incrementado, a lo largo del pasado ejercicio, en 1,4 puntos, volviendo de nuevo al umbral del 30%, (30,5%).
Para el conjunto del Estado, se reduce levemente pasando a la cifra del 20,2%. La diferencia entre la tasa de riesgo de pobreza vuelve a incrementarse respecto a los datos nacionales con respecto al año 2022 y vuelve a situarse en 10,3 puntos porcentuales.
La tasa de pobreza se mantiene estable a nivel nacional, sin embargo, en Andalucía parece ser más inestable, aunque la diferencia con los datos estatales se mantiene en torno a los 11 puntos porcentuales.
TASA DE RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL
La tasa de pobreza y exclusión social en Andalucía sigue siendo muy elevada, situándose en 37,5%, aumentando respecto al año 2022 en 1,7 puntos. Las diferencias respecto a los datos estatales aumentan en 1,2 puntos porcentuales, situándose en el 11% respecto a los datos en España (26,5%).
En el último lustro parece que la diferencias se mantienen estables con los datos nacionales, sin embargo, el caso de nuestra comunidad autónoma no deja de ser alarmante.
HOGARES CON CARENCIA MATERIAL
La crisis económica en la que estamos inmersos está provocando que cada vez porcentajes mayores de hogares andaluces sufran importantes carencias de materia.
Más de la mitad de los hogares andaluces declaran tener dificultades para llegar a fin de mes (54,5%), frente al dato a nivel nacional, (46,4%).
En el caso de los hogares que declaran tener muchas dificultades para llegar a final de mes, en Andalucía es el 12,5% frente al 8,9% a nivel nacional, por lo tanto, estamos 3,6 puntos por encima de la media estatal.
Salvo por el año 2020, año de la pandemia, parece que el dato se estabiliza entre el 11% y 12%, al igual que la diferencia con los datos estatales.
CONCLUSIONES
Andalucía es la comunidad con más población en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 37,5 % , once puntos más del total nacional y por delante de otras regiones como Canarias (33,8 %) y Extremadura (32,8 %).
La subida de precios de los suministros de hogar y de la cesta de la compra tiene una repercusión directa en los hogares andaluces, más de la mitad tienen dificultades para llegar a fin de mes.
El porcentaje de población con carencia material y social severa subió del 7,7 al 9%. Este concepto engloba cuestiones como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año; comer carne, pollo o pescado cada dos días; o mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Para UGT Andalucía estos son datos alarmantes y volvemos a reivindicar la necesidad de realizar reformas en profundidad, porque aún son muy insuficientes las medidas aplicadas, tanto por el Gobierno Central, como por nuestra Comunidad Autónoma.