Andalucía parte de una auténtica emergencia habitacional. Antes de la crisis inmobiliaria de 2008 se construían alrededor de 100.000 viviendas anuales, mientras que tras la crisis esta cifra cayó hasta las 12.000. Actualmente, el déficit se sitúa en torno a las 90.000 viviendas, aunque en el acto de presentación se llegó a reconocer que serían necesarias cerca de 150.000.

El proyecto normativo que ahora inicia su tramitación se centra en aumentar la oferta de vivienda mediante la simplificación de trámites y la generación de nuevo suelo edificable. Para UGT Andalucía esta apuesta encierra dos riesgos importantes: por un lado, la liberalización del mercado puede derivar en una devaluación del control público de los proyectos y licencias, y por otro, la propuesta de aumentar un 20% la edificabilidad supone renunciar a espacios verdes y a servicios básicos, lo que se traduce en más asfalto y menos árboles, un modelo que no queremos para nuestras ciudades. Además, la filosofía de fondo de este planteamiento confía en que un incremento de la oferta supondrá una bajada de precios, cuando la experiencia en territorios como Madrid demuestra lo contrario. El mercado inmobiliario no se autorregula y es imprescindible la intervención de los poderes públicos.

UGT Andalucía insiste en que la clave no está en construir más, sino en garantizar vivienda asequible. Por ello defendemos la necesidad de reforzar la construcción de vivienda pública y asequible, con facilidades reales de acceso para las familias trabajadoras, así como la apuesta por un parque público de vivienda de titularidad pública que no pueda ser descalificado. Este parque debe servir tanto para dar soluciones habitacionales a quienes no pueden acceder al mercado privado como para actuar de contrapeso frente a la inflación de precios. También reclamamos que las viviendas de promoción pública mantengan un régimen de protección amplio en el tiempo, de al menos 30 años, y rechazamos que se mantenga la posibilidad de descalificación a los 7 años, lo que devuelve viviendas financiadas con fondos públicos al mercado privado, alimentando de nuevo la especulación.

Del mismo modo, lamentamos que el proyecto no aborde un endurecimiento del régimen jurídico de los pisos turísticos, un elemento que también impacta en la tensión del mercado de la vivienda.

Para UGT Andalucía, la solución al problema de la vivienda no pasa únicamente por construir más, sino por garantizar que las viviendas sean accesibles, asequibles y cumplan su función social. El Parlamento de Andalucía tiene ahora la oportunidad de legislar con valentía y situar a las personas y su derecho a una vivienda digna en el centro de la política habitacional.