La reforma laboral ha sido determinante para este cambio de tendencia y sus efectos se notan en la calidad del empleo: la tasa de temporalidad ha caído al 12,5% (15,4 puntos menos que antes de la reforma), y entre las personas jóvenes al 20,6% (frente al 54% previo). Además, el 39,3% de los contratos firmados en junio han sido indefinidos, cuando antes apenas representaban el 10%.

Pero desde UGT advertimos que no podemos caer en la autocomplacencia. A pesar de estos avances, todavía hay más de 2,4 millones de personas en situación de desempleo y muchas de ellas llevan mucho tiempo buscando empleo sin encontrarlo. El paro de larga duración sigue siendo una realidad inaceptable que requiere una respuesta contundente de todas las administraciones públicas. Es imprescindible reforzar el acompañamiento a estas personas y mejorar de manera urgente las políticas activas de empleo, dotando a los servicios públicos de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención eficaz y una intermediación real con el mercado de trabajo.

Asimismo, persisten otras debilidades estructurales que deben abordarse con urgencia. Aunque la temporalidad ha bajado de forma drástica, la parcialidad no lo ha hecho al mismo ritmo, y especialmente la parcialidad involuntaria, que afecta al 46,1% de las personas ocupadas a tiempo parcial. Esta situación genera inseguridad laboral, bajos ingresos y pone en evidencia que no basta con crear empleo: hay que crear empleo de calidad y con derechos.

En este sentido, UGT defiende la necesidad de avanzar en incrementos salariales sostenidos. La elevada inflación de los últimos años ha deteriorado el poder de compra de las personas trabajadoras. Subir los salarios no solo es una cuestión de justicia social, sino también un elemento clave para impulsar el consumo y revitalizar el mercado interior. El nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva debe contribuir a garantizar mejoras salariales reales, vinculación con la productividad y un reparto más equitativo de los beneficios empresariales.

Por último, UGT exige al Gobierno que proteja el contrato de trabajo y cumpla con sus compromisos internacionales en materia de despido. Hace más de un año, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dio la razón a UGT al considerar que la regulación del despido en España vulnera la Carta Social Europea. A esta resolución se ha sumado recientemente otra en el mismo sentido. Pese a ello, el Gobierno no ha llevado a cabo ninguna modificación legislativa, en flagrante incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Por ello, UGT instó hace más de un mes la ejecución formal de estas resoluciones. No se puede seguir demorando una reforma imprescindible para proteger de forma efectiva los derechos de las personas trabajadoras.

Desde UGT seguiremos trabajando para que el empleo en España no solo crezca, sino que lo haga con estabilidad, con salarios dignos y con oportunidades reales para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.