Esta referencia, incluida tras la presión y el trabajo de UGT Andalucía, supone un hito en la defensa del diálogo social, ya que deja constancia oficial de que el Gobierno andaluz ha incumplido el compromiso adquirido con los agentes económicos y sociales más representativo en materia de participación y negociación.

 

En el texto aprobado, el CES de Andalucía subraya que la nueva ley –que sustituirá a la actual Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA 2007)– se enmarca en el Pacto Social y Económico firmado en marzo de 2023, pero advierte de que la Junta ha iniciado modificaciones normativas relevantes “sin que se haya ni tan siquiera anunciado a través de los instrumentos de participación constituidos” y que fueron firmados por el gobierno de la Junta de Andalucía dentro del Pacto Social y Económico de Andalucía, incumpliendo con ello el compromiso establecido con los Agentes Económicos y Sociales más representativos.

 

Esta afirmación se refiere al reciente borrador de reforma del Reglamento de Suelos Contaminados, que permitiría el uso de técnicas de confinamiento in situ en proyectos de recuperación voluntaria.

 

Desde UGT Andalucía ya hemos denunciado que esta práctica, lejos de eliminar los contaminantes, los entierra y mantiene durante años el riesgo de filtración de metales pesados, hidrocarburos y compuestos tóxicos, poniendo en peligro acuíferos, suelos colindantes y la salud de la población. Advertimos, además, que este cambio introduce criterios económicos como factor para autorizar excepciones, mercantilizando el riesgo y debilitando los estándares ambientales conquistados.

 

Reclamamos la vuelta al diálogo dentro de los canales establecidos en el seno del Pacto y la retirada inmediata de esta modificación para que cualquier revisión normativa se haga de manera abierta, transparente y participada.

El dictamen del CES, que también reclama que la junta vuelva a tratar los reglamentos que afecten a la ley dentro del diálogo social y dentro del Pacto, es una prueba inequívoca de que el Gobierno andaluz finge dialogar mientras legisla a espaldas de los compromisos firmados, rompiendo la confianza necesaria para impulsar una transición ecológica justa que proteja la salud pública, el medio ambiente y el empleo de calidad.