El transporte, tiene que dejar de ser un motor de emisiones y de generación de desigualdades. El sector representa casi el 23 % de las emisiones globales de dióxido de carbono ligadas a la energía y absorbe alrededor del 60 % del consumo mundial de petróleo, con el transporte por carretera acaparando el 47 % de este consumo.

En 2022, las actividades de transporte supusieron el 31 % del consumo final de energía en la Unión Europea, de las cuales el 73,6 % corresponde al transporte por carretera, mientras que solo el 2% del consumo energético provino de electricidad.

Por lo tanto, parece más que evidente que sin unas políticas de descarbonización efectivas, las emisiones del sector podrían aumentar hasta un 79 % para 2050 respecto a 2010. La contaminación del aire —de la que el transporte es un factor clave— provoca más de 4,2 millones de muertes prematuras al año en el mundo y en torno a 15.000 en Andalucía.

El tráfico urbano, la dependencia del coche privado y la falta de transporte público de calidad también generan costes sociales: accidentes, estrés, precariedad laboral y pérdida de competitividad económica. En 2024, se produjeron en Andalucía 8.747 accidentes laborales relacionados con el tráfico que le costaron la vida a 18 trabajadores. Sólo entre enero y julio de 2025, la cifra total de accidentes de trafico clasificados como accidentes laborales es ya de 8.482 y la cifra de trabajadores y trabajadoras fallecidos en los mismos asciende a 21. Es decir, en apenas 7 meses de 2025 registramos ya más accidentes laborales de tráfico mortales que en la totalidad del año pasado.

Alcanzar una movilidad laboral sostenible y segura es un factor clave en materia de trabajo decente y transición económica justa. Para nosotros, alcanzarla es un objetivo irrenunciable y por ello queremos aprovechar esta semana europea de la movilidad para denunciar que las trabajadoras y los trabajadores son quienes sufren, en mayor medida, los efectos negativos de unos trayectos diarios contaminantes, caros y agotadores, mientras que las inversiones en transporte público, electrificación e infraestructuras limpias avanzan muy lentamente.

La transición energética no puede significar ni pérdida de empleo, ni exclusión territorial: “Queremos empleo verde, transporte público asequible y justicia climática, y lo queremos ya”. Para ello, exigimos que la movilidad laboral sea un derecho y una prioridad de las políticas públicas y un elemento clave de la negociación colectiva, integrando la perspectiva sindical y social en cada decisión.

La descarbonización del transporte debe ir de la mano de un Plan Andaluz de Movilidad Laboral Sostenible, con financiación estable y participación de agentes sociales más representativos e integrada en el proceso de concertación social de Andalucía.

Para alcanzar este ambicioso y urgente objetivo queremos presentar una serie de reivindicaciones sindicales concretas:

• Plan de Movilidad Laboral Sostenible en todos los centros de trabajo, con incentivos claros para el uso del transporte público, la bicicleta, el teletrabajo y el coche compartido.
• Despliegue masivo de transporte público ferroviario y de cercanías, con tarifas accesibles y cobertura en zonas rurales, que garantice el derecho a la movilidad de toda la población.
• Apuesta decidida por el vehículo eléctrico:
  • Plan de infraestructura de recarga, que elimine cuellos de botella administrativos.
  • Reforma fiscal, para diferenciar nítidamente los vehículos de cero emisiones.
  • Ayudas ágiles y socialmente justas, con un sistema de incentivos iniciales y criterios de renta para garantizar la igualdad de acceso.
  • Impulso a la economía circular y el reciclaje de baterías para reducir la dependencia de materias primas externas.
• Formación y recualificación profesional para que nadie quede atrás: contratos relevo, formación dual y planes de reconversión industrial que protejan el empleo y creen nuevos puestos de trabajo verdes.
• Participación sindical obligatoria en la planificación de infraestructuras de transporte, para garantizar equidad territorial, cohesión social y condiciones laborales dignas en el sector.
• Negociación colectiva verde: inclusión de cláusulas de movilidad sostenible en los convenios, fomentando teletrabajo, planes de transporte público, incentivos a la bicicleta y al uso compartido de vehículos.

Es cierto que vamos con retraso, que el tiempo apremia y que, en materia de lucha contra el cambio climático, estamos ya alcanzando el punto de no retorno. Pero queremos ser positivos, valientes y creer que seguimos teniendo motivos para la esperanza. Una esperanza verde sustentada en que son muchos los ejemplos reales, las experiencias empíricas que nos demuestran que es posible avanzar hacia un modelo de transporte descarbonizado y de cero emisiones:

• Más de 200 municipios españoles cuentan ya con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), mejorando la calidad del aire y reduciendo el tráfico en los centros urbanos.
• Más de 60 municipios andaluces han puesto en marcha Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que priorizan el transporte público, la bicicleta y los espacios peatonales.
• La movilidad activa (bici y a pie) ha aumentado un 25 % en ciudades europeas desde la pandemia, gracias a nuevas infraestructuras y cambios en los hábitos sociales.

Estos avances demuestran que, cuando hay voluntad política y participación ciudadana, los resultados son inmediatos y positivos: ciudades más limpias, menos ruido, empleo local y mejor salud.

Es por ello que es ya el momento de actuar de verdad, de dejar atrás las pomposas declaraciones y pasar a los hechos. El tiempo de las buenas intenciones ha terminado.
“Sin transporte limpio y trabajo digno, no hay transición justa, ni futuro para Andalucía”, “sin una movilidad laboral sostenible, es imposible alcanzar un modelo global de movilidad medioambientalmente sostenible”.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a las administraciones y al conjunto de agentes participantes de la concertación social y de la negociación colectiva, a actuar de forma coordinada, destinando recursos y plazos concretos, para hacer que todas las empresas andaluzas cuenten con planes de movilidad laboral sostenible obligatorios.

La movilidad sostenible no es solo una cuestión ambiental: es un derecho laboral, social y de justicia climática.