No obstante, la decisión anunciada hoy por el Gobierno de España debería haber sido abordada en el marco del Diálogo y la Concertación Social, como mejor garantía para la consecución de los objetivos que se persiguen. 

Sin menoscabo de un análisis pormenorizado del contenido del Real Decreto-Ley cuando se publique en el BOE, ambos sindicatos advierten de que para que esta medida sea realmente eficaz, la mejora de la financiación debe vincularse al cumplimiento de objetivos relacionados con la calidad de la atención mediante servicios profesionales y la calidad del empleo del personal que los presta, tal y como se contemplaba en el plan de choque original acordado en 2020.

El plan de choque ha sido eficaz hasta 2023, pero desde entonces acumula los efectos de la ausencia de condiciones de acceso a la financiación

Desde que se puso en marcha el Plan de Choque en el año 2021, la lista de espera se ha reducido a la mitad, el número de personas protegidas se ha incrementado en más de 570.000 y el crecimiento del gasto certificado acumulado para financiar las prestaciones del SAAD ha aumentado en 11.949 millones de euros, de los que el Estado central ha asumido el 69,1% (8.262 millones de euros). La cifra anual actual consolidada desde 2023 si sitúa en el entorno de los 2.000 millones, siendo en 2025, 2.374 millones de € adicionales a la financiación previa al Plan de Choque. 

Sin embargo, la mejora de la cobertura que ofrece el SAAD solo ha garantizado la atención preferente de las nuevas personas atendidas mediante servicios profesionales, durante el periodo en el que operaron los criterios de reparto originalmente establecidos con las Comunidades Autónomas en cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo de diálogo social. 

A partir del año 2024, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas se han limitado a “prorrogar” los criterios originales sin evaluar los resultados obtenidos en cada territorio ni reorientarlos hacia los objetivos de calidad de la atención que se perseguían. La consecuencia de ello ha sido que el Sistema registra un crecimiento sostenido de las prestaciones más baratas y de menor garantía de calidad.

En concreto, el SAAD está reduciendo la lista de espera reconociendo sobre todo prestaciones económicas de cuidado familiar, que mediante prestaciones que en media oscilan entre los 172 y los 382 euros/mes ya protegen a casi la mitad de las personas atendidas (el 44,7%). En segundo lugar, la reducción de la lista de espera se está produciendo mediante prestaciones económicas vinculadas a un servicio, que exigen “doble copago” para las personas beneficiarias y sus familias y que ya protegen al 14,2% del total de personas atendidas por el SAAD.

La falta de condicionamiento en la mejora de la financiación estatal ya ha comenzado a impactar en el empleo.

Pese a que el Estado central ha inyectado 8.262 millones de euros adicionales desde el año 2021, esta mejora de la financiación estatal ha dejado de traducirse en una mejora del empleo creado en el marco del SAAD.

Desde su puesta en marcha en 2007 el SAAD ha creado 395.000 empleos directos, 186.000 desde 2021 en el marco del Plan de Choque, hasta alcanzar actualmente la cifra total de más 555.000 personas trabajadoras. Las cifras de empleo han crecido siempre en paralelo al número de personas dependientes atendidas con servicios profesionales.

Como consecuencia de la falta de criterios de reparto de la nueva financiación que reciben las CCAA, vinculada a la atención con servicios profesionales, en el primer trimestre de 2026 la estadística de afiliación a la Seguridad Social vinculada al SAAD que ofrece el IMSERSO registra una reducción de casi 3.000 personas trabajadoras sobre las que había al cierre del ejercicio 2025. Es un fenómeno inédito desde los recortes impuestos por el PP en 2012 y que, pese a que aún supone un registro incipiente, para UGT Y CCOO resulta prioritario acometerlo, puesto que puede apuntar un cambio de tendencia en el SAAD.

Prioridad sindical: calidad de la atención de las personas dependientes, calidad del empleo y reconocimiento salarial, social y profesional de las profesionales del sector

CCOO y UGT saludamos el compromiso anunciado hoy por el Consejo de Ministros para seguir incrementando la financiación estatal del SAAD hasta alcanzar el 50% del total de gasto previsto para el año 2027, igual que en su momento el Plan de choque ha permitido el Estado pasar de financiar el 15% del total del gasto hasta alcanzar el 27% en 2025.

Sin embargo, consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las CCAA acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de las empresas y administraciones que operan dichos servicios.

Para UGT y CCOO es prioritario establecer una vinculación directa en el acceso a esta financiación adicional de modo que quede condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos que deben acordarse con las CCAA:

• Atención de la lista de espera exclusivamente con servicios profesionales y no con prestaciones económicas.
• Cumplimiento efectivo de las ratios de plantilla establecidas en el acuerdo de acreditación de centros y servicios de 2022, que, aun siendo insuficientes como ya declaramos CCOO y UGT en su momento, no se cumplen en todos los casos ni en la garantía del tiempo de atención efectiva a las personas beneficiarias, ni en la carga de trabajo real que deben asumir las personas trabajadoras que los prestan.
• Elevación progresiva de las ratios de plantilla establecidas en el acuerdo de acreditación de centros y servicios de 2022 hasta igualarlas con las de mayor garantía que actualmente operan en los servicios de gestión pública directa. Garantía de equipos multidisciplinares.
• Garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen escrupulosamente las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos que operan en el sector. Hemos de recordar en este sentido que tanto las empresas como las administraciones que operan en este sector deben contar con la correspondiente autorización y acreditación de las administraciones autonómicas y la misma debe revocarse en caso de incumplimiento reiterado de la legislación laboral para evitar así la proliferación de empresas low-cost que no garanticen la calidad de la atención.
• Reconocimiento salarial y profesional de la cualificación profesional que presentan las trabajadoras de este sector de actividad, que llevan demasiado tiempo sujetas a un prolongado periodo de acreditación profesional.
• Establecer de un porcentaje mínimo de jornada para las personas trabajadoras que prestan servicio con contratos a tiempo parcial. Con carácter general y singularmente en los servicios de ayuda a domicilio y centros de día, apostamos por empleos a jornada completa, reduciendo al máximo el tiempo parcial.
• Vinculación de la mejora de los precios de concierto para las empresas que operan en este sector al cumplimiento efectivo de la legislación laboral y los convenios y acuerdos colectivos que regulan la calidad del empleo y, por tanto, son garantía de la calidad de la atención que reciben las personas dependientes. En este ámbito, debe garantizarse también la protección de la salud y la seguridad de las trabajadoras en los domicilios.
• Establecimiento de una habilitación normativa para garantizar que las reglas de indexación de los contratos públicos que operan en el SAAD permiten la adaptación inmediata de los precios de concierto a la evolución de la inflación y la mejora de las condiciones laborales que deben derivarse de este incremento de financiación, en los convenios y acuerdos colectivos que regulan el sector.

Por todo ello, UGT y CCOO anuncian que partiendo de este incremento de financiación que hoy se aprueba, inician una campaña para exigir la mejora de las condiciones laborales y económicas de las trabajadoras del sector de la Dependencia, en su conjunto. En ella, reivindicamos un acuerdo marco vinculado a los nuevos recursos públicos para que en todos los ámbitos de negociación se establezcan mejoras en las condiciones laborales y económicas como condición necesaria para la mejora de la financiación prevista.

Esta mayor financiación, que no debe suponer disminución alguna de la que corresponde a las comunidades autónomas, debe permitir, de un lado, avanzar en un reequilibrio de la provisión pública directa de estos servicios de atención a las personas dependientes, hoy minoritaria pese a que la financiación es eminentemente pública y, de otro, condicionar cualquier incremento del precio de concierto a la mejora de ratios de plantilla y a las condiciones económicas y laborales de las trabajadoras, a través de la negociación colectiva de los diferentes convenios de aplicación.