El sindicato recuerda que, en España, 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes son pobres, lo que supone la tasa más alta de la Unión Europea, y que la carencia de rentas, junto a una falta de prestaciones sociales suficientes que permitan a las familias vivir dignamente y cubrir sus necesidades son, en la mayoría de los casos, el origen de situaciones donde los menores desempeñan un trabajo y se pueden considerar una forma de explotación infantil.

Es el caso de las tareas colaborativas, de apoyo familiar, o los trabajos durante el verano que, además, impiden su derecho al descanso estival. Algo incompatible con su bienestar y que conlleva riesgos para la salud, lesiones e incluso puede ocasionar secuelas para toda su vida.

La situación de miles de hogares con dificultades económicas donde viven niños, niñas y adolescentes puede dar lugar a circunstancias preocupantes en las que no se vean cubiertas sus necesidades más básicas.

Efectivamente, la pobreza infantil existe, pero indudablemente es debido a que las familias de estos niños, niñas y adolescentes son pobres. El no tener ingresos económicos suficientes dificulta el poder hacer frente a las necesidades más básicas, por ello, la pobreza debe analizarse desde el punto de vista de los derechos humanos, ya que lo se les está negando es el poder tener una vida digna.

La pobreza infantil es el reflejo de la pobreza de las familias

Esta semana se cumplen cinco años de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que, si bien está llegando a los hogares más pobres donde viven niñas, niños y adolescentes, necesita reforzarse para dar cobertura suficiente a todas las situaciones existentes y alcanzar un impacto significativo en la reducción de la pobreza.

El IMV puede ser un gran instrumento en lucha contra la pobreza, pero es urgente su reformulación para mejorar su gestión y cobertura, y, con ello, proporcionar una respuesta urgente y adecuada a la ciudadanía en situación de exclusión social y pobreza asegurando un nivel mínimo y digno de renta.

Un diseño integral en las políticas sociales para lograr una sociedad más igualitaria

La lucha contra la pobreza debe afrontarse desde un punto de vista multidimensional, con un diseño integral en las políticas sociales y redistributivas que actúe sobre los elementos que pueden originar situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Debe enfocarse desde la garantía de rentas suficientes a las familias, a través de políticas que fomenten empleos de calidad, la eliminación de la precariedad laboral, de las personas trabajadoras pobres; junto con el fomento de unas prestaciones sociales garantistas y suficientes, tanto con una cobertura universal, como una cuantía suficiente que permita a las familias afrontar gastos tan básicos como la salud, una alimentación adecuada, una vivienda digna, los gastos de suministros del hogar, poder vestirse, o hacer frente a los gastos en educación, cultura, ocio y tiempo libre.

Actualmente, la cobertura de la protección social está muy limitada, y por ello instamos al Gobierno a reforzar las políticas sociales, ya que la falta de prestaciones suficientes impide que todas las personas tengan un digno nivel de vida. El fin último de las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social no puede ser otro que lograr una sociedad más igualitaria junto con un crecimiento económico y social que suponga un aumento del empleo, una mejora de la inclusión social, y la igualdad.