Este decreto introduce medidas como la conversión de suelos urbanizables en suelo para vivienda protegida, la agilización de los procedimientos administrativos para su adjudicación y la concesión de mayor autonomía a los ayuntamientos para regular el crecimiento de las viviendas turísticas. Sin embargo, estas acciones son limitadas y no abordan con suficiente profundidad los problemas estructurales que han llevado a Andalucía a una crisis habitacional sin precedentes.

Desde UGT Andalucía observamos que la reserva de suelo para vivienda protegida sigue siendo insuficiente, ya que se mantiene el 30% en lugar del 40% que propusimos, un porcentaje que consideramos escaso para garantizar una oferta adecuada en municipios con alta demanda. Además, el decreto no contempla una apuesta decidida por la inversión pública en vivienda asequible, lo que impide avanzar en la construcción de un parque público de vivienda que dé respuesta a la creciente necesidad de acceso a una vivienda digna.

Otro aspecto preocupante es la falta de mecanismos de control que impidan la especulación con suelo y vivienda protegida, ya que la norma no establece herramientas efectivas para evitar que estos bienes terminen en manos de fondos de inversión con fines lucrativos. Aunque se ha incluido un artículo sobre la regulación de las viviendas turísticas, una de las demandas que desde UGT Andalucía venimos planteando para su inclusión en la futura Ley de Vivienda de Andalucía, consideramos que esta regulación es insuficiente y meramente declarativa. La norma otorga a los ayuntamientos la capacidad de limitar la proliferación de estas viviendas, pero no establece criterios homogéneos ni medidas contundentes para frenar su expansión en zonas tensionadas.

Desde UGT Andalucía valoramos que este decreto representa una oportunidad desaprovechada para abordar de manera estructural la crisis de vivienda en nuestra comunidad. La vivienda no puede seguir tratándose como un mero bien de mercado sometido a la especulación, sino como un derecho esencial que debe garantizarse mediante una intervención pública real y efectiva.

Por ello, exigimos a la Junta de Andalucía un aumento de la reserva de suelo para vivienda protegida al 40% en municipios con alta demanda, la creación de una bolsa pública de suelo gestionada a nivel autonómico para su uso exclusivo en proyectos de vivienda social, una financiación estable y suficiente que permita aumentar significativamente la oferta de vivienda pública, una regulación estricta de las viviendas turísticas con límites claros en municipios tensionados y sanciones contundentes para quienes operen sin licencia o incumplan la normativa, así como una supervisión efectiva del mercado inmobiliario para evitar prácticas especulativas que favorezcan la acumulación de viviendas con fines lucrativos en manos de grandes inversores.

Para UGT Andalucía, el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y de calidad es primordial en nuestra labor sindical y un pilar fundamental para garantizar la plena integración social.

Seguiremos trabajando para que la vivienda deje de ser un bien especulativo y se convierta en un derecho garantizado para toda la ciudadanía. Es urgente que la Junta de Andalucía adopte medidas valientes y ambiciosas que permitan resolver el grave problema de acceso a la vivienda que afecta a miles de andaluces y andaluzas.