El mes de mayo suele ser el mejor para el empleo de cada año. En esta ocasión, el aumento mensual de afiliación se cifra en 195.736 personas, con lo que el total de personas ocupadas afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en 21.784.375, el máximo de la serie histórica. Si lo comparamos con mayo de 2024, hay 462.581 personas más afiliadas, un +2,2%, por lo que el ritmo de creación de empleo se mantiene relativamente estable, a pesar de la incertidumbre generada por los conflictos con la agresión a Ucrania, la masacre sobre el pueblo palestino en Gaza, o la guerra de aranceles que, de forma tan caótica, impulsa la Administración Trump.

El paro registrado se ha reducido en 57.835 personas con respecto al mes anterior, alcanzando un total de 2.454.883, siendo el dato más bajo para un mes de mayo desde 2008. Además, con respecto al mismo mes del año anterior, el paro se ha reducido en 152.967 personas.

Por su parte, la tasa de temporalidad de la afiliación continúa recortándose, alcanzando el 11,9%, 19,2 puntos menos que la registrada en 2018 y muy por debajo del 54% que afectaba a la juventud antes de la reforma laboral. Así, el éxito de la misma es incuestionable: la nueva normativa laboral está consiguiendo corregir uno de los principales problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo, impulsando una mayor estabilidad laboral y personal entre la clase trabajadora.

En lo que respecta a la contratación, mayo ha registrado un volumen de 1.328.983 contratos, y de ellos 552.697 son indefinidos, lo que implica que el 41,59% de la contratación es indefinida. Antes de la reforma este valor rondaba el 10%. En la actualidad, se roza los 15,2 millones de ocupados con contrato indefinido (15.199.364), de los que más de 9,9 millones trabajan a tiempo completo. El número de fijos-discontinuos, sin embargo, se estabiliza y representa, tan solo, el 6,3% del total.

Así, cabe valorar positivamente los datos de creación de empleo, que refuerzan la tendencia positiva de nuestro mercado laboral incluso en un contexto económico mundial marcado por una elevada incertidumbre. Sin embargo, para UGT es esencial seguir avanzando para corregir algunos desequilibrios estructurales y dotar de mayor estabilidad y calidad de vida a las personas trabajadoras.

La reducción de la jornada laboral tendrá beneficios sobre las personas y sobre la economía

En primer lugar, no hay que olvidar que existe un volumen significativo de personas en situación de desempleo de larga duración, un estatus que les condena a contextos de extrema vulnerabilidad. Por ello, es vital afrontar una reforma profunda de las políticas activas de empleo, garantizando procesos de orientación y formación más personalizados y eficaces. Así, debemos lograr que las etapas expansivas de la economía –como la que atravesamos– también redunden en el beneficio de los colectivos de trabajadores y trabajadoras con mayores dificultades de empleabilidad.

Para seguir ganando en derechos y cumplir con la Carta Social Europea, resulta urgente abordar también la reforma del coste de despido ilegal o improcedente, que debe ser justo y disuasorio. Así, el sindicato ha instado oficialmente al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa a que requiera al Estado español cumplimiento efectivo de la decisión dictada el pasado 20 de marzo de 2024, que otorgaba la razón a nuestro sindicato concluyendo que la legislación española sobre el despido improcedente no se ajusta al artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada.

El Comité ha establecido que, para que un país cumpla con dicho artículo, debe prever:

•    el reembolso de las pérdidas económicas entre el despido y la resolución del tribunal de apelación (es decir, salarios de tramitación),

•    la posibilidad real y efectiva de readmisión, sin que dependa exclusivamente del empleador, y

•    una indemnización suficientemente disuasoria y reparadora del daño causado por el despido injusto.

UGT ha solicitado formalmente la ejecución de esta resolución y exige que el Estado español cumpla con sus compromisos internacionales y adapte su legislación en consecuencia.

Por último, la jornada laboral de 37,5 horas semanales debe hacerse realidad cuanto antes. Se trata de una medida que plantea cambios positivos en nuestra economía y mercado de trabajo, intensificando la creación de empleo de calidad y promoviendo cambios estructurales en la productividad y competitividad de las empresas.

Además, los cuantiosos beneficios empresariales cosechados en los últimos años avalan dicha transformación, por lo que no hay ninguna razón para bloquear un avance esencial para la mayoría social de nuestro país. Repartir la riqueza y transformar las mejoras de productividad en jornadas más cortas debe ser una máxima para consolidar un país más democrático, igualitario y justo.