Según ha señalado, “haberse iniciado la tramitación parlamentaria de esta Ley es algo muy importante para Andalucía y para todas las personas que creemos en la importancia de un diálogo social robusto y efectivo. Y es además una gran satisfacción porque, el enorme trabajo llevado a cabo por los agentes sociales y económicos a lo largo de nuestra historia, y cuyos positivos frutos están más allá de toda duda, ahora pasará a ser reconocido legal e institucionalmente como se merece”.

“Andalucía no podía continuar formando parte de ese escueto conjunto de Comunidades Autónomas que todavía carecen de una Ley de Participación. Hemos trabajado mucho desde la más absoluta lealtad institucional, tanto con los representantes del Gobierno de la Junta de Andalucía, como con el resto de agentes sociales y económicos que han participado en las mismas. Además, todo este esfuerzo ha sido llevado a cabo sin perder nunca de vista el fin último, el principio fundamental que nos guiaba y que nunca fue otro que el de dotar de la importancia que merece, el proceso de Participación Institucional en Andalucía”.

“Desde el mismo día casi de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, nuestro Sindicato ha estado luchando y reivindicando la necesidad de crear un espacio donde nuestra voz fuera escuchada y nuestras demandas consideradas. Un espacio que posibilitara que los intereses de las personas trabajadoras estuvieran representados en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas socioeconómicas. Estamos convencidos de que, la aprobación definitiva de esta Ley nos va a brindar esa plataforma”.

“Esta ley es mucho más que el cumplimiento de un compromiso político; es el desarrollo de un mandato estatutario. Y lo es porque tanto la Constitución Española, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, reconocen la relevancia del diálogo y la concertación social. El artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece claramente la necesidad de impulsar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

“A su vez, la tramitación de esta ley es también un nuevo hito en la implementación del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía. Aunque con retraso, ya que el propio texto del Pacto establecía que esta tramitación parlamentaria tenía que estar iniciada en el primer semestre de 2023, hoy por fin podemos comparecer ante el Parlamento de Andalucía para defender la necesidad de dotarnos de una norma, a nuestro juicio crucial, para poner a Andalucía a la vanguardia de la Gobernanza Real”.

“Desde que comenzamos a trabajar en esta Ley, nos fijamos como objetivo el ser capaces de consolidar un diálogo fluido, constructivo y eficaz que, ante todo, contribuyera a la mejora de las condiciones de vida y a la prosperidad de la ciudadanía andaluza”.

“Desde el sindicalismo de clase y desde la UGT Andalucía, creemos firmemente en todos y cada uno de los principios básicos de nuestra democracia y, por ende, también en la labor que los grupos parlamentarios podéis realizar para la mejora de este texto. Y es por ello por lo que os invito a participar activamente, presentando enmiendas constructivas que mejoren cuantitativa y cualitativamente el texto y que permita a nuestra tierra contar ya con una Ley de Participación Institucional con el respaldo social y el consenso político que la iniciativa merece”.

“En estos tiempos de polarización política y de conflicto, desde Andalucía nos erigimos como un ejemplo de que es posible otra forma de hacer política. Una forma de hacer política basada y sustentada en la concertación y no en la confrontación. Al establecer un marco legal claro y sólido para la participación institucional, estamos sentando las bases para un futuro en el que el diálogo social sea la norma y no la excepción”.

“En definitiva, con esta Ley, Andalucía pone en valor su tradición y experiencia en concertación social y lealtad institucional, haciendo de las mismas herramientas esenciales en la búsqueda del desarrollo socioeconómico y la prosperidad para nuestra región. Con esta Ley, Andalucía se alinea con las mejores prácticas internacionales y nacionales, apostando por una forma de hacer política que pone en el escalón más alto de su pirámide de objetivos, el bienestar de su ciudadanía y el desarrollo sostenible de su economía”.