40.000 empleos en peligro en Andalucía por la Reforma de la Administración Local
Se ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso de la Junta contra la reforma de la Administración Local. Andalucía es la primera autonomía que la recurre. Desde instancias de la Junta de Andalucía se calcula que la ley, lejos del ahorro previsto por el Gobierno (de 8.000 millones) puede costar a las arcas públicas 600 millones de euros por el traspaso de competencias municipales.
El recurso se centra en "la invasión de competencias autonómicas” ya que el Estatuto de Andalucía otorga "competencias exclusivas", en materia local. Es por esto que la legislación promulgada por la Comunidad Autónoma de Andalucía quedaría prácticamente derogada y sin efecto. El Estatuto de Autonomía es una norma básica y desde la entrada en vigor de la ley estatal de la reforma de la Administración local se ha abierto un marco de incertidumbre y confusión. Por eso desde el Gobierno andaluz se ha pedido al Constitucional que resuelva cuanto antes, los recursos presentados.
Para UGT la norma supondrá una auténtica “reconversión del empleo público” en nuestro país, con una pérdida estimada de 400.000 empleos entre empleos directos e indirectos, correspondiendo a Andalucía una pérdida de 40.000 empleos. La norma además contempla severas medidas para las entidades locales que no cumplan con el principio de “estabilidad presupuestaria” que podrán suponer la pérdida de competencias municipales, la desaparición de servicios públicos (relativos a educación, dependencia, sanidad, servicios sociales, etc.) e incluso la disolución de entidades locales mediante la fusión de municipios.
A juicio de UGT, una reforma del ámbito local ha de contar con un amplio consenso para transformar el que es el ámbito más cercano de prestación de servicios públicos a la ciudadanía y de garantía del estado de bienestar en nuestro país, fruto del desarrollo democrático seguido hasta el momento. Por el contrario, la reforma del PP busca desapoderar a las entidades locales buscando invertir la tendencia democrática a través de la recentralización.
Lejos de encontrar consenso, la reforma de la Administración Local podría ser de las más contestadas del gobierno popular. Hace varios días representantes de PSOE, PSC, IU, ICV, CHA, UPyD, CiU, ERC, BNG y CC-NC, Compromís-Equo, de la Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes (CAPI) y de la Federación de entidades Locales menores (FEEM), escenificaron su rechazo con un recurso ante el Tribunal Constitucional avalado por 2.000 ayuntamientos, que representan a 15 millones de ciudadanos.