Una encuesta de Servicios Públicos de UGT-A revela que más del 50% de los trabajadores sanitarios confiesa haberse sentido atemorizado
Servicios Públicos de UGT Andalucía ha hecho públicos este martes los resultados de las más de 3.000 encuestas realizadas a profesionales sanitarios sobre agresiones en sus puestos de trabajo; resultados "muy similares" a los obtenidos en Atención Primaria: más del 55% confiesa que se siente o se ha sentido atemorizado alguna vez en su puesto de trabajo en el último año.
La agresión verbal se ha convertido en "una costumbre", con el 60% de personal agredido verbalmente y el 40% en más de una ocasión, según ha destacado el sindicato en una nota de prensa. "Especialmente grave es lo observado en cuanto a las agresiones físicas, con un 10% de profesionales agredidos físicamente y un terrorífico 2,3% que lo ha sido en más de una ocasión".
Aun así, al igual que ocurrió en Atención Primaria, el 94,4% no se da de baja tras una agresión, lo cual los coloca en una "situación muy vulnerable para sufrir consecuencias aún más graves". Un 57,9% ni siquiera lo comunica a sus superiores, lo cual "puede reflejar un hartazgo o incluso una resignación". Además, sólo un 4,7% termina interponiendo a denuncia.
Estos resultados "hacen pensar", en palabras de la central sindical, en el motivo por el que los profesionales no terminan denunciando, y es porque "además de sufrir las consecuencias directas de las agresiones, se exponen a una sobrecarga de trabajo derivada de estas --un 78,2% declara sufrir esta sobrecarga--". Expresan que esta situación podría ser "paliada" con "seguridad presencial permanente en los centros" (61,9%), y con más colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (35,7%), además de con la colocación de cámaras.
Desde UGT han exigido que el Observatorio de agresiones creado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ponga "remedio" a la "creciente violencia" dirigida a los profesionales fomentada por las "largas listas de espera" que sufren los pacientes, la "dificultad" para ser atendido con "suficiente tiempo" y que "tanta inquietud está provocando en la ciudadanía".
Desde el Observatorio, concluye el sindicato, "se debe establecer un régimen sancionador para los agresores sin más dilaciones y actualizar el Plan de Prevención y Atención frente a agresiones, con tantas carencias y que, desde su puesta en marcha, ha transcurrido ya cinco años, debiéndose haber revisado a los dos años, más aun teniendo en consideración la evolución de la incidencia de las agresiones".