UGT, CCOO y CSIF inician este jueves un calendario de protestas contra el Gobierno para exigir una subida salarial

UGT, CCOO y CSIF inician este jueves un calendario de protestas contra el Gobierno para exigir una subida salarial

UGT, CCOO y CSIF inician este jueves un calendario de movilizaciones en toda España en protesta por el bloqueo a la negociación colectiva del Ministerio de Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas de este año e "impide un nuevo acuerdo salarial", entre otras mejoras de condiciones laborales.

30/10/2025 |

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Las tres organizaciones, que representan al 80% del personal público, ya advirtieron el pasado mes de septiembre que tomarían las medidas que considerasen oportunas si no se retomaba la negociación de forma inmediata.

Bajo el lema 'Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos', las movilizaciones comienzan este jueves.

Las concentraciones serán en todas las subdelegaciones del Gobierno de las ocho capitales andaluzas a las 12,00 horas. "En el caso de que Función Pública persista en esta actitud", las tres organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional el próximo mes de diciembre, han adelantado ya.

Los problemas de los trabajadores del ámbito de lo público y los servicios que recibe la ciudadanía se agravan a diario por la inacción del Ministerio para resolver asuntos "muy preocupantes", tanto a nivel salarial como en materia de empleo y condiciones laborales.

Las tres organizaciones han recordado que se aprobó una Oferta de Empleo Público (OEP) para este año sin el apoyo de las organizaciones sindicales, porque reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición (en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que con la nueva OEP tan sólo se crean 4.500 plazas de empleo neto).

Por otra parte, la temporalidad en las Administraciones Públicas permanece estancada casi en el 30% y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está exigiendo elevar las indemnizaciones a los afectados y concretar las sanciones a las administraciones que abusen.