UGT Andalucía valora positivamente los datos de empleo del segundo trimestre y reclama avanzar en salarios, jornada laboral y prevención
El sindicato valora de forma positiva los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2025, que muestran una evolución favorable del mercado laboral andaluz. Nuestra comunidad finaliza la primera mitad del año reduciendo el desempleo y elevando tanto la población activa como el nivel de ocupación, lo que demuestra que el refuerzo de la negociación colectiva y la mejora de las condiciones laborales y salariales son la senda que debemos seguir para generar empleo estable y repartir la prosperidad económica.
La tasa de paro en Andalucía se sitúa en el 14,85%, por debajo del 15% por primera vez desde principios de 2008. Son 618.600 personas en desempleo, 50.600 menos que en el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 7,56%. En términos interanuales, el paro baja en 57.400 personas, un 8,49% menos que hace un año. Se trata de una evolución más favorable que la registrada a nivel estatal, donde el descenso interanual ha sido del 7,34%.
Además, se han creado 70.600 empleos, lo que eleva el número de personas ocupadas hasta las 3.546.700, la cifra más alta en un segundo trimestre desde que existen registros. También crece la población activa, que se sitúa en 4.165.300 personas, consolidándose por encima de los cuatro millones.
Aunque estos datos reflejan una evolución muy positiva, Andalucía sigue siendo la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro, solo por detrás de Extremadura.
A ello se suma una preocupante brecha de género, ya que el desempleo femenino sigue siendo más elevado (17,17%) que el masculino (12,85%), pese a que el paro ha bajado con más intensidad entre las mujeres (-12,1%) que entre los hombres (-1,7%) en este trimestre. La tasa de paro juvenil, aunque se reduce ligeramente, sigue en niveles alarmantes: 34,28%, muy por encima de la media estatal (24,54%) y casi 21 puntos por encima de la tasa andaluza para las personas mayores de 25 años.
También continúa siendo preocupante el peso del desempleo de larga duración, que afecta a 255.600 personas, el 41,32% del total de personas en paro, lo que evidencia la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
En cuanto al tipo de contrato, la reforma laboral sigue dando resultados positivos. La tasa de temporalidad en el sector privado andaluz se ha situado en el 18,8%, levemente superior a la del trimestre anterior, pero muy por debajo del 22% que se registraba al inicio de 2023. Esto supone una reducción de más de tres puntos en dos años y medio, lo que confirma el cambio estructural que ha traído consigo la nueva normativa laboral.
No obstante, desde UGT Andalucía denunciamos una vez más el avance de la siniestralidad laboral. En lo que llevamos de año, 62 personas han perdido la vida en el trabajo en nuestra comunidad. Esta cifra inadmisible debe hacernos reflexionar y actuar con urgencia. Es imprescindible implementar nuevas medidas en prevención de riesgos laborales y reforzar el protagonismo de la política preventiva en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, como ya hemos trasladado al Gobierno andaluz.
Por último, desde UGT Andalucía expresamos nuestra más rotunda condena ante la escalada de discursos de odio y de deshumanización contra la población migrante, alentados impunemente por sectores de la ultraderecha. Andalucía ha sido y debe seguir siendo tierra de acogida y convivencia. No debemos olvidar que aún hoy muchas personas andaluzas siguen emigrando para labrarse un futuro. Frente a los discursos racistas, el sindicalismo de clase debe erigirse como una barrera de contención, demostrando que económica, laboral, social y culturalmente, necesitamos a la población migrante.
Desde UGT Andalucía consideramos que estos datos refuerzan la línea de avance en derechos iniciada en los últimos años, pero también marcan claramente los retos pendientes: subir los salarios, reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, reforzar la prevención de riesgos laborales y poner en marcha políticas específicas para frenar el paro juvenil y la desigualdad territorial y de género. Solo así podremos hablar de una recuperación justa y de un empleo verdaderamente digno en nuestra comunidad.