Los últimos datos conocidos en España (2024) reflejan la magnitud del problema: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 1.794 víctimas de trata y explotación (+22% interanual), 32 de ellas menores. Se identificaron 632 víctimas por trata y explotación sexual, el 98% mujeres, principalmente de origen latinoamericano (Colombia y Venezuela). Hubo 966 detenciones y se desarticularon 110 redes criminales. Se practicaron 1.705 inspecciones en lugares de prostitución, identificándose 7.697 personas en situación de riesgo. En Andalucía, por su posición geográfica y redes de transporte, la comunidad es punto de entrada, tránsito y destino. Un estudio de Andalucía Acoge (2025) indica que el 93% de las víctimas son mujeres y que el 55,8% tiene entre 18 y 25 años. Además, en zonas rurales y agrícolas se detecta doble explotación: mujeres captadas con falsas ofertas de empleo agrario son forzadas a explotación laboral y sexual.

 

UGT Andalucía pone el foco en la demanda: el consumidor de prostitución no es un agente pasivo. Su pago alimenta y sostiene la trata, también cuando se apela a la supuesta “voluntariedad”. Supervivientes relatan 40 “clientes” por noche, uso forzado de drogas, violencia sexual continuada y prácticas denigrantes. Esta banalización de la violencia y la cosificación del cuerpo —mayoritariamente de mujeres— perpetúa relaciones de poder alejadas del consentimiento real.

El sindicato señala como raíz estructural la falta de educación sexual integral y con perspectiva de género. La formación suele centrarse en biología y prevención, dejando fuera la ética del respeto y el consentimiento; mientras, la pornografía funciona como escuela informal que erotiza la violencia y distorsiona las relaciones. UGT Andalucía reclama coeducación y mecanismos eficaces para limitar el acceso de menores a contenidos pornográficos.

 

UGT Andalucía rechaza la normalización de la prostitución como actividad económica. Con preocupación, el sindicato denuncia que la CNAE 2025 incluya en la guía del epígrafe 96.99 “otros servicios personales” la “prestación o concertación de servicios sexuales”. UGT ha remitido un informe de oposición y solicita su corrección inmediata: la prostitución no es un trabajo, sino una manifestación de violencia machista que el Estado no debe legitimar.

 

UGT Andalucía exige la aprobación urgente de una Ley Orgánica integral contra la trata —paralizada desde hace un año— que tipifique el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud y penalice la demanda de actos, servicios o productos fruto de la explotación; el cumplimiento del compromiso del Gobierno de presentar un marco abolicionista de la prostitución; el refuerzo de la detección, la protección y la reparación a las víctimas con alternativas reales de empleo, vivienda y, cuando proceda, regularización; un plan andaluz específico frente a la doble explotación en el medio rural y agrícola; y educación sexual integral obligatoria con formación a profesionales y campañas sostenidas que interpelen a la demanda y pongan fin a la banalización de la violencia.

 

“La explotación sexual y la trata son incompatibles con una sociedad democrática. No hay libertad en la violencia ni en la pobreza que empuja a la ‘elección’ forzada. Andalucía debe ser tierra de derechos, no de explotación”, subraya la Secretaría de Igualdad y Formación de UGT Andalucía.