UGT Andalucía advierte en el Parlamento andaluz de las deficiencias del Proyecto de Ley de Producción Ecológica
UGT Andalucía ha intervenido hoy en el Parlamento de Andalucía para valorar el Proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas. En su comparecencia, Rafa Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, ha reconocido el esfuerzo legislativo que implica esta norma, pero ha advertido de "deficiencias graves que deben corregirse si queremos que esta ley sea realmente un instrumento de transformación y no un maquillaje".
Entre los principales problemas señalados, Gelo ha subrayado que el texto ha desdibujado el concepto de producción ecológica al equipararla con otras certificaciones menos exigentes, lo que “ha confundido al consumidor, ha debilitado la protección del modelo ecológico y ha generado competencia desleal en el mercado”.
Asimismo, ha alertado de que el proyecto “ha permitido que producciones no ecológicas se beneficien de un trato equiparable sin cumplir los estándares europeos, lo que ha supuesto una rebaja del nivel ambiental y va en contra del espíritu del Reglamento (UE) 2018/848”.
UGT Andalucía ha recordado también que el sector ecológico es estratégico para la comunidad, con más de 1,5 millones de hectáreas certificadas, 21.000 operadores y miles de empleos directos e indirectos, y ha reclamado un marco exclusivo y diferenciado tanto para la producción ecológica como para la integrada.
En este sentido, Rafa Gelo ha defendido la necesidad de que el Gobierno andaluz impulse “planes específicos para cada modelo productivo, que refuercen las cadenas de valor, garanticen empleo de calidad en el medio rural y manden un mensaje claro y transparente a los consumidores”.
Por último, el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía ha exigido que se respete la Ley de Participación Institucional, ya que el actual redactado del artículo 16 del proyecto ha limitado de forma indebida la presencia de las organizaciones sindicales más representativas en los órganos de participación.
“Esta ley tiene que servir para transformar, no para diluir. Para generar empleo de calidad en cada eslabón de la cadena agroalimentaria y para proteger al consumidor, no para confundirlo”, ha concluido Gelo.
