La Junta pretende "colar por la puerta de atrás" una reforma que rebaja la protección de los suelos contaminados
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía ha presentado hoy formalmente un documento de alegaciones manifestando nuestro rotundo rechazo a una propuesta de la Junta de Andalucía para modificar el Reglamento de Suelos Contaminados (Decreto 18/2015, de 27 de enero) que pone en riesgo nuestro medio ambiente y la salud de los andaluces y andaluzas. Además, el Gobierno andaluz impulsa esta reforma al margen del diálogo social, favoreciendo los intereses de las empresas por encima de la salud de la ciudadanía, la protección del medio ambiente y la generación de empleo decente.
La medida pretende permitir el uso de la técnica de confinamiento in situ en proyectos de recuperación voluntaria, una práctica que no elimina los contaminantes sino que los entierra, manteniendo durante años el riesgo de filtración de metales pesados, hidrocarburos y compuestos tóxicos hacia acuíferos y suelos colindantes. Se trata de una decisión puramente cortoplacista que traslada los costes a las generaciones futuras y debilita el derecho de la población andaluza a un entorno seguro y saludable.
Igualmente grave es la forma en que la Junta intenta sacar adelante esta modificación: a espaldas de las mesas de negociación del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, mientras mantiene abiertas conversaciones con los agentes sociales y económicos para una Ley de Gestión Ambiental de Andalucía que incluye un capítulo específico sobre la calidad del suelo y donde nunca se ha planteado alterar el actual Reglamento de Suelos Contaminados.
La Junta juega a dos bandas: finge dialogar mientras recorta derechos y estándares ambientales por la puerta de atrás.
Desde UGT Andalucía advertimos que este cambio normativo supone un nuevo retroceso en materia de protección ambiental. La normativa vigente, reforzada tras la Sentencia 40/2025 del Tribunal Constitucional, establece con claridad que las recuperaciones voluntarias no pueden contemplar la técnica de confinamiento in situ, garantizando que los proyectos se realicen con técnicas de descontaminación real como la biorremediación o el tratamiento químico y térmico. Estas técnicas, además de proteger la salud y el entorno, generan empleo verde cualificado, impulsando la economía del conocimiento y la transición ecológica.
El borrador de la Junta introduce un elemento especialmente peligroso: equipara los criterios “económicos” a los técnicos y ambientales para autorizar la excepción, lo que significa que el coste empresarial podría imponerse sobre la seguridad de las personas y del medio ambiente. Esta mercantilización del riesgo contradice los compromisos de España y Andalucía con la normativa europea de suelos, agua y residuos, así como con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y deja en papel mojado todas y cada una de las últimas manifestaciones públicas de la Consejera, por ejemplo ayer mismo, cuando en la celebración del X Aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la Fundación MAS, reafirmaba el compromiso de su gobierno con la sostenibilidad ambiental.
Para UGT Andalucía, la regeneración de suelos contaminados no es solo una cuestión ambiental, sino también laboral, social y económica. Apostar por una descontaminación efectiva impulsa sectores intensivos en conocimiento y trabajo, creando empleo estable y de calidad, mientras que enterrar la contaminación precariza el medio ambiente y el empleo y pone en juego la salud pública. “Enterrar la contaminación es un fraude a la ciudadanía y un freno a la economía verde que Andalucía necesita”.
Denunciamos, además, que esta reforma debilita el marco normativo andaluz, históricamente más garantista que el estatal, y alertamos que la técnica de confinamiento in situ solo debe usarse en casos excepcionales de suelos oficialmente declarados contaminados y bajo control público, nunca en procesos voluntarios impulsados por intereses privados. “Relajar esta exigencia supone abrir la puerta a una gestión opaca y a la desprotección de bienes comunes como el agua y la tierra”.
En conclusión, UGT Andalucía exige la retirada inmediata de esta modificación y reclama que cualquier revisión de la normativa se haga de manera abierta, transparente y participada, respetando los principios del Pacto Social y Económico y reforzando la protección de la salud, el medio ambiente y el empleo digno. Nuestro Sindicato no va a ser partícipe de ninguno de los intentos de la Junta de vulnerar los compromisos adquiridos con la ciudadanía, ni de degradar los estándares de calidad ambiental conquistados tras años de lucha sindical, social y ecologista. " Esconder lo barrido debajo de la alfombra no es limpiar. No vamos a dejar que conviertan Andalucía en un vertedero”.
Audio de valoración de Pablo Sánchez Villegas, secretario de Salud Laboral UGT-Aeario de de Salud Laboral, Sectores Emergentes y Memoria Histórica y Democrática de UGT Andalucía