Según el análisis sindical que hemos elaborado, la asunción de deuda permitirá a Andalucía liberar hasta 18.791 millones de euros, situándola como la comunidad más beneficiada del conjunto del Estado. Este montante, más allá del porcentaje del Presupuesto de la Junta que pueda representar, más allá de este tipo de cifras, significa una oportunidad única para reforzar el Estado del Bienestar y blindar los servicios públicos esenciales.

En UGT Andalucía queremos subrayar que el origen del sobreendeudamiento de las comunidades se remonta a las políticas neoliberales impuestas, por el anterior Gobierno Central, durante la crisis financiera de finales de 2007 y principios de 2008, que obligaron a los gobiernos autonómicos a recortar derechos y endeudarse masivamente. En contraste, las políticas sociales impulsadas durante la pandemia demostraron que invertir en las personas genera menos deuda y más cohesión social.

El Gobierno de la Nación actual ha demostrado que una crisis se puede gestionar sin que las CCAA tengan que endeudarse de manera desproporcionada y no se entendería otra opción que no fuese la de aceptar la condonación de parte de una deuda que la genera una mala gestión política no achacable a nuestra Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la decisión del Gobierno central no puede entenderse como un regalo, sino como un acto de justicia territorial y social. Andalucía ha sido históricamente una comunidad infrafinanciada, que ha soportado una menor capacidad de inversión en sanidad, educación, dependencia o empleo. Este paso corrige, por fin, parte de esa brecha.

De esta forma, animamos al Gobierno andaluz a que acepte la medida y la gestione con responsabilidad, destinando cada euro liberado a mejorar la vida de las personas trabajadoras. En UGT Andalucía, consideramos que esta oportunidad debe servir para consolidar servicios públicos, impulsar la igualdad y crear empleo estable y de calidad.

En concreto, si se distribuyeran esos recursos conforme al actual reparto presupuestario de las políticas de gasto en Andalucía, podrían contratarse más de 121.000 médicos y médicas (que habrían ayudado a evitar que ocurrieran esos masivos fallos en los cribados del cáncer de mama), 138.000 docentes, 19.000 orientadores laborales, 13.000 bomberos forestales y 51.000 personas dedicadas a la atención a la dependencia. Es decir, una inyección directa en el corazón del Estado del Bienestar.

El sindicato recuerda que el ahorro en intereses y la mejora de las condiciones de financiación deben traducirse en más inversión en sanidad pública, educación, medio ambiente, igualdad y ciencia, no en nuevas rebajas fiscales a los más ricos ni en políticas regresivas que agraven la desigualdad.

No podemos repetir los errores del pasado, cuando la deuda pública se utilizó como excusa para justificar recortes y privatizaciones. Esta vez, Andalucía debe apostar por el gasto social, la innovación y la sostenibilidad como motores del desarrollo y la cohesión territorial.

La medida también fortalece la autonomía política y financiera de las comunidades, reduciendo su dependencia del Estado y permitiéndoles diseñar políticas propias más adaptadas a la realidad de cada territorio. Para UGT, eso significa ganar capacidad de decisión democrática y de justicia distributiva.

Queremos insistir en que esta iniciativa no incrementa el déficit público nacional, sino que redistribuye la carga entre sectores, garantizando una financiación más justa y equitativa. Es una medida solidaria y de país, que beneficia al conjunto del Estado y no enfrenta territorios.

Valoramos además que la propuesta premie el esfuerzo fiscal y la responsabilidad política de las comunidades que no recurrieron a la competencia fiscal desleal ni a las rebajas de impuestos para los más pudientes. “Porque quienes apostaron por el dumping fiscal no pueden ser beneficiados frente a quienes defendieron lo público”.

En definitiva, consideramos que la condonación de deuda es una herramienta para construir una Andalucía del Bienestar, más justa, inclusiva y sostenible. Una oportunidad para reforzar la sanidad, la educación, la dependencia, el empleo y la transición ecológica, pilares del progreso colectivo.

Reclamamos también que el Gobierno autonómico rinda cuentas del destino de los recursos liberados, garantizando transparencia y participación social en las decisiones sobre su uso. La ciudadanía debe saber dónde y cómo se invierten esos fondos.

Finalmente, hacemos un llamamiento a la Junta para que no caiga en la confrontación política estéril y se sume a un acuerdo que permitirá liberar recursos para mejorar la vida de la gente. “Es hora de dejar atrás los discursos victimistas y gestionar con responsabilidad, con visión de futuro y con compromiso social”.